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Piden prisión perpetua para tres acusados por violaciones a los derechos humanos en Mar del Plata

Tal como había adelantado en la apertura del juicio, la fiscal incorporó además en su acusación final hechos de violencia sexual sufridos por cuatro víctimas, que en la instrucción del caso habían sido presentados dentro de las figuras de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.

Este juicio, en el que intervienen los magistrados Fernando Machado Pelloni, Néstor Sagretti y Lucía Morguese Martín, corresponde al segundo tramo de esta causa, y abarca a crímenes de lesa humanidad denunciados en los ocho partidos bonaerenses que conformaban esa área militar, entre ellos los distritos de General Pueyrredon, General Alvarado, Necochea y Balcarce.

En este nuevo proceso, iniciado en febrero último, están acusados siete militares retirados: los exoficiales de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Suárez (70), Rubén Enrique Fernández (72), Carlos Víctor Milanese (74), Enrique Horacio Capella (71) y Julio Efrían Irizarri (71); el exoficial de Batería Juan Ramón Goicoechea (70) y el exteniente coronel Emilio Guillermo Nani (75).

Todos ellos están imputados por delitos cometidos contra 146 víctimas en la zona que estuvo bajo comando del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (ADA 601), con intervención de las Jefaturas de las Áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los Grupos de Artillería de Defensa Aérea 601 y 602.

Mazzaferri pidió la pena de prisión perpetua para Suárez, Fernández y Milaneses por ser miembros de una asociación ilícita, y por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los tres fueron acusados además como coautores del delito de “violación agravada”, y Suárez y Milanese también por “abuso deshonesto”.

La fiscal pidió además que Capella fuera condenado a siete años de prisión como integrante de una asociación ilícita, mientras que por el mismo delito pidió seis años de cárcel para Irizarri y Goicoechea.

En cuanto a Nani, solicitó dos años de prisión, por “allanamiento ilegal de morada”.

A lo largo de su extenso alegato, Mazzaferri detalló los hechos y los elementos de prueba junto a los auxiliares Julio Darmandrail y María Eugenia Montero, y consideró que los delitos juzgados “se cometieron en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión ilegal”.

En ese sentido, señaló que “desde sus cargos de jerarquía los imputados llevaron adelante la política de eliminación de opositores políticos, con las metodologías de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.

Mazzaferri puntualizó en los casos de violencia sexual sufridos por Lía Busato, Sandra Marcos y Norma Ariella, quienes declararon durante el juicio oral, y por Silvia Lostau, que no estuvo en condiciones de hacerlo en el debate, por lo que se incorporó su testimonio durante la instrucción de otra causa por crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Busato, por el que fue acusado Fernández, señaló que se demostró que fue secuestrada en octubre de 1976 mientras se encontraba en su casa, “por parte de un grupo armado” que la trasladó encapuchada al centro clandestino que funcionaba en la Base Naval, y que allí “fue sistemáticamente sometida a violaciones” por sus torturadores.

En el caso de Marcos, por el que fueron imputados Suárez y Milanese, la fiscal consideró acreditado que en octubre de 1977, cuando tenía 12 años, durante una allanamiento ilegal en el departamento en el que vivía junto a su familia uno de los cuatro integrantes de la patota interviniente “abusó sexualmente de ella”.

Ariella, en tanto, fue secuestrada el 1 de agosto de 1977 en su casa en la zona del puerto, y tras su traslado a la comisaría de la localidad de Batán fue “sometida a violencia sexual” por un guardia del lugar, y por este hecho la fiscalía acusó a Milanese y a Suárez.

Ambos fueron imputados también por los hechos sufridos por Lostau en abril de 1977, cuando fue abusada sexualmente por un integrante de la patota que allanó ilegalmente y destrozó su domicilio.

El juicio se retomará tras la feria, con los alegatos del resto de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de las defensas.

Fuente: Ambito

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