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En mayo del 2022, a poco tiempo de iniciada la guerra de Rusia y Ucrania,Alberto Fernández lanzó su “guerra contra la inflación. Sin embargo, a más de 9 meses de aquel comentario, los hechos muestran que la declaración belicosa era contra los comerciantes y no contra la inflación en sí misma.

A mediados de febrero del 2021, la Secretaría de Comercio Interior ya había realizado más de 1.500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados para controlar el cumplimiento de precios y el abastecimiento de productos. El desenlace fue la clausura preventiva de veintidós establecimientos por haber incumplido, en aquel entonces, la resolución de Precios Máximos. Pero la inflación no bajó.

Entre enero de 2021 a la fecha hubo 193,91% de inflación y en el medio pasaron cuatro secretarios de comercio, tres ministros de economía y numerosos programas de acuerdos y controles de precios. En ese mismo periodo, no se implementaron políticas macroeconómicas y monetarias acorde a la situación, porque si algo caracterizó a este gobierno fue la recurrencia de medidas cortoplacistas. Peor aún, se empezó a hablar de “diablos que hacían subir la inflación”, una práctica que el Presidente aprendió de su vicepresidenta, ya que años atrás pensaba exactamente lo contrario, o al menos eso decía. Tal vez el presidente Alberto Fernández ya olvidó que en su pasado opositor le recriminaba en público a Cristina Kirchner que el control de precios no servía y que el problema estaba en el Banco Central, siendo que “no tenía en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido” sugiriéndole además que “mande a la gente de La Cámpora a controlar el Banco Central y cómo emite”.

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Más allá de las contradicciones del Presidente a lo largo de los años, algo que también ha caracterizado a su gobierno, en estos últimos días ha dado otro paso en la dirección que lo aleja cada vez más de la evidencia científica: se decidió incorporar al Sindicato de Camioneros y a algunas Organizaciones Sociales en los controles de precios.

Implícitamente ambas asociaciones se incorporaron dentro de los órganos de control del Estado, lo cual nos habla de una medida de corte fascista y corporativista que pone en jaque la armonía social, además de ser de dudosa legalidad. El sindicato de camioneros está manejado por Pablo Moyano y es conocido por sus amenazas y aprietes a numerosas empresas y cooperativas, muchas de las cuales hicieron denuncias formales ante la Justicia. Por otra parte, se incorporó a la agrupación «Somos Barrios de Pie», liderada por Daniel Menéndez, quien trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.

Imaginemos por un momento al dueño de un comercio que decide aumentar el precio de un producto porque su proveedor le entregó la mercadería con un incremento o porque uno de los tantos bienes que ofrece al público aumentó exponencialmente su demanda o porque hay faltante de una determinada mercadería. Ahora, en lugar de poder manejar su negocio libremente, va a estar sometido al control del Estado y a los modos y formas del Sindicato de Camiones y de las Organizaciones Sociales. Y como es sabido, el manejo de ambas asociaciones no tiene el más suave de los estilos; más bien lo contrario.

El Gobierno frena los controles de precios de Camioneros

La gravedad de lo que está ocurriendo radica en el siguiente punto, con anterioridad, si una organización se manejaba de forma agresiva la persona podía denunciarlo ante el Estado. Hoy, por el contrario, es el Estado el que llama a quienes son conocidos por sus prácticas violentas para “garantizar” que cumplan con una medida que carece de respaldo empírico y que violenta la convivencia social. Como dije anteriormente, el foco no está puesto en bajar la inflación, sino en reprimir a los comerciantes.

La inflación es un problema de larga data en nuestro país y que numerosos gobiernos han fracasado en su intento por solucionarla. A mi entender, para abordar el problema seriamente se requiere de un amplio consenso político que incluya, por supuesto, a los empresarios y a los trabajadores y que siente las bases de un plan macroeconómico de largo plazo alejado de la grieta, algo sobre lo que ya están trabajando las fundaciones de los partidos que componen Juntos por el Cambio. Pero lo seguro es que no se logran resultados implementando medidas que nunca han funcionado, ni mucho menos violentando las libertades individuales y poniendo en jaque la paz social.

*Secretario general de la Honorable Convención de la UCR, jefe Gabinete del Ministerio de desarrollo Económico y Producción del Gobierno de CABA.

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