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El destino de los residuos: la Municipalidad de Córdoba busca acelerar la ampliación de Piedra Blanca

La Municipalidad busca acelerar la ampliación del predio de Piedra Blanca. Esta semana se celebró la audiencia pública para analizar el proyecto de incorporar 42 hectáreas más al actual sitio de enterramiento que administra la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), a la vera de la autovía 36.

En el Palacio 6 de Julio esperan que en las próximas semanas la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgue la licencia ambiental y así avanzar con la expropiación de dos nuevas parcelas antes de que termine el 2021.

La capacidad del predio, que ya recibe más de 70 mil toneladas de residuos mensuales, está casi al límite y sin una resolución final del Tribunal Superior de Justicia sobre la instalación del nuevo complejo ambiental proyectado en otro sitio, la extensión de Piedra Blanca es la alternativa que muestra las autoridades.

“No hay un plazo estipulado para que la Secretaría de Ambiente defina sobre el informe ambiental. Pero no debería haber mayores demoras. Fue una audiencia tranquila”, señaló el titular del Cormecor y legislador provincial, Julio Bañuelos.

No obstante, en el municipio y en las más de 20 ciudades del Gran Córdoba que utilizan el enterramiento no quieren repetir esta vez el yerro de lo que ocurrió en el predio proyectado en cercanías de Villa Parque Santa Ana, cuando realizaron la expropiación y aún no tenían la licencia ambiental.

El Gobierno provincial también está interesado en la resolución del enterramiento.

En la audiencia pública por la ampliación del predio estuvieron presentes miembros de Cormecor, intendentes de la ciudades del Gran Córdoba, funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Jorge Folloni y representantes organizaciones del tercer sector, entre otros interesados.

El proyecto busca darle siete años más de vida al actual predio, que fue concebido en 2010 como un enterramiento provisorio. Además propone incorporar tecnología para reducir los volúmenes de enterramiento y el recupero de la mayor cantidad de residuos posible.

Audiencia

En la presentación del informe el sistema de streaming sufrió un ataque informático y se difundieron dibujos y videos pornográficos durante unos minutos. Luego de unos minutos se reinició el sistema y se pidió a los expositores que vuelvan a ingresar.

Esta es la segunda vez que ocurre este tipo de acciones en actos que requieren audiencias públicas ambientales virtuales, a cargo de la la Secretaría de Ambiente. El anterior había sido durante el debate por el nuevo proyecto de autovía en Punilla.

Hubo solo dos voces en contra del proyecto. Agustín Cerda, representante de Fundeps, se manifestó en contra de la extensión del funcionamiento del actual enterramiento. “El sur de la ciudad se está convirtiendo en una zona de sacrificio ambiental. Hay una responsabilidad política en la gestión de los residuos urbanos. En todo este tiempo las autoridades municipales y del resto de los municipios no han hecho nada o muy poco al respecto de la recolección diferencia, la separación en origen y el trabajo de los centros verdes. No hay un plan integral para todo el sistema”, apuntó Cerda.

Capacidad

La capacidad del predio está al límite. Hace exactamente dos años, las proyecciones de Cormecor señalaban que Piedra Blanca tenía un plazo fatal de dos años.

Sin una solución al problema de la capacidad, los ingenieros reperfilaron la infraestructura del enterramiento para estirarla al menos hasta el primer trimestre de 2022. El margen es cada vez más escaso.

“Tenemos tiempo hasta diciembre. Haciendo maravillas podemos llegar a abril”, agregó Bañuelos.

El plazo fatal es una forma de presión para concretar el proyecto de ampliación del predio actual, donde ahora tiene puestas las fichas el municipio.

Mientras tanto, Cormecor espera el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el amparo contra la instalación del complejo ambiental de 500 hectáreas en cercanías de Villa Parque Santa Ana. En diciembre de 2019, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación resolvió en contra de ese proyecto por no cumplir con las distancias mínimas exigidas respecto de áreas habitadas. En febrero de 2020 el fallo fue apelado por el municipio y por el ente Cormecor y aún no se dictó una respuesta judicial definitiva.

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Fuente: La Voz

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