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Autoridades provinciales, nacionales y diputados se reunieron por la Ley de Compactación

El ministro de seguridad de la Provincia, Lisandro De La Torre, y autoridades de la cartera de seguridad a nivel nacional que se encuentran en Río Gallegos, se reunieron virtualmente con legisladores y legisladoras del oficialismo en Santa Cruz, con el fin de trabajar en lo que sería la adhesión a la Ley Nacional N° 26.348.

El director Nacional de Investigación Criminal, Luca Pratti, y el director de Investigaciones de Delitos Federales, Ignacio Mazzitelli, brindaron detalles y evacuaron dudas respecto a la Ley N° 26.348, la cual establece que los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado Nacional, o a los Estados Particulares, deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra.

Cabe recordar que en la provincia no existe un marco normativo, por lo cual restaría trabajar en ello para que Santa Cruz se sume a las cinco provincias y más de 100 municipios que ya se encuentran aplicando este Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos (PRO.NA.COM), el cual Nación está haciendo extensivo a las 24 jurisdicciones provinciales y a todos los municipios.

Al respecto, De La Torre recordó que este proyecto fue propiciado por el Diputado Hugo Garay en su momento, y con esta nueva impronta que tiene la ley favorecerá tanto a los municipios como al Gobierno Provincial y Nacional, alineados y trabajando en lo que es gestión pública.

Seguidamente, remarcó que se está ante una herramienta política muy importante, y “con la implementación de este programa, no solamente se dispone sobre la materialidad de esos elementos, sino que, a su vez, lo producido de ese recurso puede ser puesto a disposición de organismos sin fines de lucro o inclusive para seguir fomentando o desalentando las actividades por las cuales esos bienes fueron secuestrados por la justicia”.

En este sentido recordó que, con el pasar del tiempo, los vehículos acumulados generan “un desgaste económico y una exposición jurídica para los depositarios judiciales de estos bienes. Esto ha traído varios inconvenientes, desde tener que soportar el resguardo de ese material a tener que afrontar en algunos casos acusaciones administrativas o judiciales por determinadas cuestiones”.

En este contexto, el director Nacional de Investigación Criminal, Luca Pratti, manifestó que es un programa que tiene cero costos para la Nación como así también para la provincia y municipios, y a su vez brinda muchas ventajas.

En 2009 se celebró la última modificación a nivel nacional de la Ley 26.348, que habilita este marco regulatorio para poder compactar los vehículos que hayan sido secuestrados, abandonados o decomisados, en el marco de una actualización judicial.

“En el 99% de los casos, las fuerzas de seguridad, son las que llevan adelante la custodia de estos bienes, y éstos quedan abundados durante muchos años; perjudica la salud, el ambiente y también afecta recursos humanos de las fuerzas, sea provinciales o federales, en la custodia de los mismos”, expresó el funcionario, resaltando que a su vez conlleva una responsabilidad significante, ya que hay una cantidad importante de predios judiciales donde los vehículos están hace más de 10 años.

Con este Plan, “aquellos vehículos secuestrados y que están en custodia más de seis meses podrían ser sometidos rápidamente a compactación; y a nivel nacional el marco regulatorio habilita a otorgar el 90% de los fondos de la chatarra a organización o entidades de bien público”, finalizó Pratti.

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