Planes no monetarios: más recursos para poco impacto

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El Estado provincial destina cada vez más recursos para los planes sociales no monetarios, pero el porcentaje de cordobeses que sale de la pobreza por la incidencia de estos se mantiene estable, en torno al cinco por ciento, según los datos oficiales registrados en el Monitor de Calidad de Vida, que elabora la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno provincial en el Gran Córdoba, y la ejecución presupuestaria que realiza el Ministerio de Finanzas.

En el segundo semestre de 2019, los planes no monetarios (Paicor, Boleto Educativo y Tarifa Social, entre otros) rescataron de la pobreza al seis por ciento de las personas que había caído en esa situación, y en el mismo período de 2020 el porcentaje fue del cuatro por ciento.

Algo similar ocurrió con la indigencia: en 2019, dejó de ser indigente el 50 por ciento de los cordobeses, y en 2020, el 33 por ciento (en ambos casos, para pasar a ser pobres).

No es que la Provincia haya destinado menos recursos; al contrario. Es que el deterioro social fue sideral: entre 2019 y 2020, 66 mil personas cayeron en la pobreza, un incremento de 10,5 por ciento. Y a la indigencia se sumaron siete mil cordobeses, una suba de 6,5 por ciento.

Ampliar hacia atrás el período para comparaciones arroja números dramáticos: entre 2018 y el año pasado, se produjo un aumento de la pobreza de casi 25 por ciento, y del 4,5 de la indigencia.

En números concretos: a fines de 2018, la pobreza afectaba a 552 mil personas (111 mil eran indigentes) que vivían en el Gran Córdoba.

En 2020, eran 693 mil personas en la pobreza, y 116 mil ,en la indigencia.

Es decir, 141 mil nuevos pobres en dos años sólo en la ciudad de Córdoba y su área metropolitana. Si conformaran una ciudad, sería la tercera apenas por debajo de Río Cuarto (184 mil habitantes).

A cuántos rescatan de la pobreza los planes no monetarios.

Más pobres, más recursos

En estos años, los recursos que el Estado destinó a los programas no monetarios aumentaron de manera sostenida.

En 2018 fueron 4.344,9 millones de pesos; en 2019, se llegó a 7.816 millones (se incorporó el programa Más Leche, Más Proteína), y en 2020, se inyectaron 8.444,5 millones (casi sin subsidios para los boletos sociales).

Para 2021, se proyecta que sean 14.919,7 millones.

Entonces, ¿por qué el Estado no puede rescatar a más personas de la pobreza?

Patricio Canalis, economista de Idesa (consultora ligada al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano), entiende que hubo una decisión política del Gobierno: priorizar los salvavidas para los que cayeron en la indigencia.

“Entre 2018 y 2020, el gasto social en la provincia subió un 26 por ciento en términos reales. En primer lugar, ese aumento tuvo mayor impacto en sacar a la gente de la indigencia antes que de la pobreza”, dice.

Desde la oposición, el economista Franco Jular señala el impacto acotado de las medidas.

“Mientras que nueve de cada 10 personas que se encuentran en la indigencia reciben algún tipo de ayuda no monetaria, sólo un tercio logra salir de dicha situación. En palabras más sencillas: a sólo uno de cada tres el Estado le resuelve el drama de no poder acceder a una dieta adecuada”, afirma.

Sobre la pobreza, el economista explica que hace falta una medida más exigente para salir de allí, y que incluye no sólo la capacidad de acceder a los requerimientos calóricos mínimos, sino tener un estándar de vida mínimo. “Y durante 2020, luego de recibir la asistencia no monetaria, apenas cinco de cada 100 afectados lograron superar esa línea”, explica.

Para Canalis, la consolidación de la pobreza estructural, relacionada con el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, demanda “reordenar funciones” para eficientizar el gasto y eliminar la burocracia en la administración de los millones de pesos que demanda la asistencia social.

“La organización federal de gobierno y la racionalidad económica apuntan a que sean las provincias las que administren la ayuda social, porque en eso son más eficientes que el Gobierno nacional. Pero en la realidad se ve lo contrario, con Nación administrando caudalosas transferencias”, analiza.

Sostiene que, en el caso de los programas no monetarios, “la Provincia llega a entre el 80 o el 90 por ciento de los indigentes y pobres. Es una mayor focalización que la que suele haber en programas nacionales, en los que la burocracia termina diluyendo ese gasto”, profundiza.

Canalis sostiene que para salir de la pobreza estructural se necesita un enfoque más profundo.

“En primer lugar, hay que ordenar el Estado como condición para una mayor estabilidad macroeconómica. Pero, además, debe haber reglas de juego claras, con instituciones que promuevan la educación y la generación de trabajo. Para empezar, es necesario diseñar cuidadosamente la ayuda porque estamos acostumbrados a que la excepción termine convirtiéndose en la regla”, opina.

Emisión

El radical Jular agrega un elemento al análisis del gasto social durante la pandemia: muchos paquetes de ayuda se financian con emisión monetaria, lo que impacta en la inflación.

“Venimos de 12 meses con una inflación promedio de 3,5 puntos mensuales que se convierte en una trituradora de los esfuerzos del mismo Estado. Se otorga la asistencia a través de planes monetarios y no monetarios, pero por otro lado se le cobra a la población el impuesto más regresivo, que es la inflación”, explica.

Jular asegura que hace falta que el sector productivo lidere la recuperación. “Queda demostrado que la idea del Estado en soledad haciéndose cargo del problema, y el pedido de algunos sectores de más Estado como solución, chocan con la realidad”, dice, y aclara: “No alcanza con la asistencia del Estado para revertir la tendencia de generación de indigencia y pobreza”.

Sobre este punto, advierte una cuenta de resultado cero: “Durante 2020, cerca de 30 mil personas perdieron su trabajo en el Gran Córdoba, cantidad similar a la que los programas no monetarios contribuyeron a sacar de la pobreza en un marco de gasto social récord”.

Y agrega, a modo de conclusión: “Crear empleo, mejorar la calidad de los que ya están, acompañar desde el sistema educativo la inserción laboral y reducir los niveles de inflación en la economía deberían ser los objetivos para dejar de pedirle al aparato estatal esfuerzos que no pueden sostenerse en el tiempo”.

Los números

Los planes no monetarios que mide el Gobierno son Paicor; Más Leche, Más Proteína; alimentos para grupos vulnerables; comedores para adultos mayores; los boletos sociales (educativo, obrero, adulto mayor), y la tarifa social, incluyendo las excepciones en Rentas.

La Provincia les asigna un rol “determinante”, ya que durante el segundo semestre de 2020, y según sus datos, lograron sacar a 38 mil personas de la indigencia, y a 30 mil de la pobreza.

“Considerando los ingresos monetarios, el porcentaje de personas en condición de pobreza se ubicó en 41,6 por ciento (693 mil personas, incluyendo a la población indigente)”, explica la Provincia.

Pero, “al incorporar el impacto de los planes no monetarios, la cifra desciende a 39,8 por ciento, esto es, 1,8 puntos porcentuales menos (663 mil personas)”.

Esos 30 mil pobres menos significan el 4,3 por ciento de los 693 mil totales de la última medición.

Y más: “Con respecto a la población en condición de indigencia, se ubicó en siete por ciento (116 mil personas), pero, al considerar el impacto de los planes no monetarios, la cifra disminuye 2,3 puntos porcentuales y se ubica en el 4,7 por ciento. Esto significa que el porcentaje de personas en condición de indigencia se reduce un 32,8 por ciento”.

Para la Provincia, “la expansión en la oferta de programas provinciales mencionada es consistente con la reducción en la tasa de indigencia y pobreza entre el primer y el segundo semestre de 2020, especialmente en lo que respecta a la medición del impacto de los programas no monetarios sobre estos indicadores”.

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