UCR: dos muertes que reflotan temas de candente actualidad

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Dos muertes por coronavirus sacudieron estos días a la política de Córdoba y por tratarse de personas que seguían en actividad, sus partidas –devoradas por la vorágine de la pandemia– dejan lugar a lecturas en clave de actualidad.

Con diferencias de pocas horas, y después de varios días de estar contagiados de Covid-19, fallecieron dos dirigentes radicales: el jefe comunal de Toro Pujio y exsenador provincial, Federico “Tito” Landra, y el exministro de Gobierno, exsecretario de Seguridad y exlegislador, Eduardo Omar Capdevila.

El virus los encontró en actividad y en plena vigencia.

Capdevila ejercía la abogacía y era hombre de consulta en materia jurídica y en temas de Seguridad, tanto en su partido como en otros estamentos sociales.

Fue, en 1991, el primer secretario de Seguridad que tuvo la provincia, una dependencia que fue variando luego de gestión en gestión entre secretario de Estado y ministerio.

Hasta entonces, Seguridad estaba incorporada a las funciones de la cartera de Gobierno.

Llegó ahí producto más de la necesidad que de otra cosa, en un momento complejo del segundo mandato de Eduardo César Angeloz.

Capdevila era una pieza clave de lo que se podría considerar la segunda etapa del angelocismo, como referente de un grupo interno que se denominaba Pasillo-poder, de gran ascendencia sobre el entonces gobernador.

Angeloz venía viendo como no podía controlar la Policía, que aún tenía rémoras importantes de la dictadura militar y avanzaba muy lento con su inserción a la vida democrática. Una serie de hechos trágicos relacionados con abusos policiales terminaron por eclosionar con el sonado caso Sargiotti.

Se trató de un detenido por una causa menor de venta de drogas, que fue torturado de manera ilegal en la propia Central de Policía de avenida Colón, asesinado y arrojado al río Suquía simulando que se había intentado fugar.

Angeloz decidió dos cosas: designar un secretario de Seguridad y que la repartición funcionase en la propia sede.

El aún joven Capdevila fue designado para ese puesto, que exigía una personalidad especial.

Solía contar el dirigente angelocista de Huerta Grande que el primer día que se instaló en su despacho, apareció el jefe de Policía con la plana mayor, todos uniformados y con las armas reglamentarias, y entraron a la oficina. “Buen día, lo que necesite”, saludaron, casi desafiantes.

Eduardo Angeloz y Eduardo Capdevila, en una imagen de 1996. (La Voz/Archivo)

Capdevila contaba mucho tiempo después que le corrió un poco de sudor por la espalda y que después de unos breves segundos de silencio, le espetó: “Cuando necesite hablar, los voy a llamar”. Sonó tan enérgico, que el jefe policial y los suyos agacharon la cabeza, pidieron disculpas y se retiraron.

“Era ese momento o nunca para mostrarles que la Policía debía subordinarse a la conducción política en democracia”, solía contar tiempo después, cuando ya estaba alejado de los cargos pero consustanciado con la actividad pública.

Hoy, 30 años después, luego de hechos trágicos y conmocionantes de gatillo fácil y crímenes institucionales en etapa de investigación, el gran desafío para el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera es sostener el control político de una fuerza que sigue transida por complejas internas.

El otro gran mérito de Capdevila fue el de haberse ido de la función pública y de ese mundo sin manchas, algo que debería ser corriente pero al no serlo se transforma en destacable.

Federico Landra, Carlos Presas y Héctor Dula en el Senado cordobés, en una imagen de 1999 (La Voz/Archivo)

No le tocó

“Tito” Landra murió como jefe comunal de un pueblo que él mismo había fundado. Su apego por el terruño en la cuenca láctea del departamento San Justo lo llevó a batallar por el despacho de gobernadores, ministros, legisladores y cuanto funcionario se le cruzara en pos de conseguir cosas para su lugar.

Hombre del mestrismo, llegó a ser senador provincial y ganarse el respeto de propios y extraños.

Se infectó de Covid horas antes del turno asignado para vacunarse. Residía en un departamento que de 38 intendentes y jefes comunales, 21 ya se habían inoculado, algunos en diciembre del año pasado y ninguno de ellos mayor de 60 años. Landra, en cambio, tenía 76.

En la última sesión de la Unicameral, esta situación reavivó la controversia, investigada en la Justicia, por los vacunados estratégicos o de privilegio en la provincia.

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