La prepotencia en las calles

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Es extraña la paradoja que experimentan los ciudadanos de a pie de ciudades como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, sometidos al capricho de quienes decidieron que poseen derechos de los que otros carecen. Derechos que incluyen la posibilidad de impedir que otros puedan desplazarse, trabajar, comerciar o vivir sus vidas.

Prepotencia, intolerancia y una enorme cuota de irracionalidad se mezclan para articular el cóctel perfecto de la anarquía en el espacio de unas pocas cuadras céntricas donde la superposición de protestas de variado cuño logra el milagro de que ninguna pueda ser escuchada.

Y en este fatigoso reino del revés, surge el más kafkiano de los absurdos, cuando se repara en que la acumulación de marchas afecta a quienes laboran y producen, aquellos que todavía aportan al fisco los recursos que los solícitos administradores de turno volcarán sobre las organizaciones que, a su vez, administran esos recursos de manera discrecional, lejos de toda forma de escrutinio.

En suma, se le exige a quien se le impide trabajar que siga sosteniendo una arquitectura enferma que se reproduce a sí misma. Porque el sistema, sin dudas, ha fracasado, pero se empeña en repetirse a sí mismo, con un costo cada vez mayor.

Sería ingenuo, sin embargo, suponer que estas son sólo las imágenes de un país empecinado en autodestruirse: cuando se lo examina de cerca, este cóctel anómalo revela a administradores de la pobreza ajena que manejan a miles de personas como si sólo fueran números, decidiendo quiénes siguen en la lista de cobro mensual y quiénes no por haberse perdido el último corte de puentes, y a una nueva clase de burócratas que integran los mismos gerentes devenidos en funcionarios de gobierno.

En suma, quienes organizan la pobreza son los mismos que disponen de los fondos públicos destinados a su paliativo. Estar a ambos lados del mostrador tiene sus ventajas.

Lo anterior explica la extrema prudencia de gobiernos que hacen la vista gorda ante el padecimiento de sus ciudadanos, secundados por una Justicia tan ciega como es de esperar, ante la sospecha de que la sucesión de protestas se ha convertido en no pocos casos en un factor de disciplinamiento político.

Si las organizaciones respectivas tienen a sus dirigentes instalados en el Gobierno nacional, nada impide suponer que la administración de marchas y cortes se ha convertido en una buena manera de recordar a propios y extraños la conveniencia de no jugar a la independencia de criterio.

Como sea, en algún lugar las campanas tocan a rebato, tal como lo corroboran los datos de los últimos días. Ciudadanos cansados han comenzado a manifestar su hartazgo, en un claro mensaje dirigido a quienes se empeñan en suponer que es posible insistir en este curso de colisión sin costo alguno, mientras los prepotentes secuestran cada día la ciudad de todos.

En el listado de los responsables, van juntos quienes hacen y quienes dejan hacer, algo que no debería olvidarse.

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