Autovía de Punilla: el primer día de audiencia anticipó los ejes del debate

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Después del malogrado inicio del viernes, la audiencia pública ambiental por el proyecto de la autovía de Punilla arrancó finalmente ayer.

En la primera jornada –de modo virtual y transmitida por YouTube–, se escuchó sólo a ocho oradores. Para hoy se anunció que se llegará a los 34. El avance hace suponer que para llegar a escuchar a los 688 inscriptos serán necesarios unos cuantos días más de audiencias.

El primer día ya dejó ver las dos posiciones que se verán reflejados en los siguientes: las aguas están divididas entre los que proponen la obra como una posibilidad de unir Punilla con la ciudad de Córdoba, así como una oportunidad de desarrollo y de mejora de la seguridad vial; y por otro lado, los que entienden que la autovía degradará el ambiente y los recursos naturales de una región que tiene otras prioridades pendientes.

El primero en exponer fue Marcelo Maldonado, de la empresa provincial Caminos de las Sierras, quien detalló cada tramo del proyecto que conectará la comuna de San Roque con La Cumbre, en 43,5 kilómetros, que se unirán con los siete ya ejecutados en la Variante Costa Azul, que rodea a Carlos Paz por el dique San Roque.

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Luego de repasar el fallido proyecto que se debatió en 2018, que pretendía ir por el pie de las sierras y al este de la actual ruta 38, el funcionario argumentó que el nuevo trazado por el oeste permitirá una reducción del tiempo de viaje entre Carlos Paz y La Cumbre del 50 por ciento.

Afirmó que las demoras que se producen en la actual ruta 38 tienen que ver con que atraviesa 10 localidades, y es una avenida urbana más que incrementa el tránsito, reduce la agilidad y agrega riesgos.

Maldonado dijo que el trazado reducirá los costos del transporte en tiempos de viaje, en el valor de las operaciones y en seguridad vial.

Luego fue el turno de Alejandra Toya, contratada por Ambiente de la Provincia para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto. La bióloga admitió que un 29 por ciento del trazado atravesará zonas rojas de conservación de bosque nativo. También, que pasará por las reservas hídricas de Los Gigantes y del río Yuspe, así como por áreas de valor arqueológico. Pero apuntó que se hicieron correcciones para reducir esos impactos y que habrá 15 medidas de mitigación. Entre ellas, puentes y alcantarillas para salvar correntías hídricas, reforestación compensatoria (tres ejemplares nativos por cada uno que se retire) y monitoreo arqueológico a cada paso de la obra. El equipo de Toya concluyó que la obra “es técnica y ambientalmente factible”, en la medida que cumpla los requisitos fijados.

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Entre los primeros oradores como vecinos de la zona involucrada, el denominador común fue la oposición a la obra, a tono con los planteos de las asambleas ambientalistas de Punilla. Cuestionaron el proceso de la audiencia pública, al que consideraron “inconstitucional e inválido” por “no permitir la participación abierta de los ciudadanos”. También insistieron en que el proyecto nunca fue debatido con la comunidad.

Desde Cosquín, por ejemplo, Cecilia Sánchez advirtió en esa línea que muchas localidades de la región carecen de agua potable y de escuelas públicas, marcando otras prioridades de la zona, y apuntó contra el impacto ambiental e hídrico de la obra y sobre los riesgos de afectación de patrimonios arqueológicos.

Varios remarcaron que el trazado fue impuesto por el Gobierno, sin una real participación ciudadana.

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Denuncia judicial

En paralelo a la audiencia pública, ayer se conoció que la organización ambientalista Funam presentó una denuncia penal ante la Justicia federal en contra del Gobierno de la Provincia y de su empresa Caminos de las Sierras. Solicitaron que se investigaran “los posibles delitos que pudieran haber cometido”. Sostuvieron que la Provincia intenta “adaptar las leyes, con muchas irregularidades”, para concretar las obras tal como las diseña “y sin licencia social”. También Funam envió su posición ante la CAF, entidad financiera internacional que aportaría recursos para la obra.

Una suspensión por un “hackeo” no aclarado

La audiencia pública ambiental es un paso que exige la ley vigente en Córdoba para proyectos con eventual impacto sobre el ambiente. El viernes debió ser suspendido su inicio ante lo que pareció ser un hackeo de la conexión que generó tensión, al igual que un corte de energía en la zona. Ayer no hubo mayores inconvenientes.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 13/04/2021 en nuestra edición impresa.

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