Un linyera «perejil» podría ser condenado a 50 años de prisión por el ataque a una comisaría de San Justo

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Un linyera «perejil» podría ser condenado a 50 años de prisión por el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo sucedido en abril de 2018, en el que una banda de atacantes armados intentaron liberar a un detenido y se enfrentaron en un tiroteo con cuatro policías. Como consecuencia de las heridas recibidas, una de las oficiales quedó parapléjica.

Se trata de un homónimo del delincuente que protagonizó el hecho y aún está en libertad. Y fue detenido sin que se investigara dónde estaba el día del hecho. Otro detenido podría seguir la misma suerte.

Todo comenzó el 30 de abril de 2018, cuando dos personas ingresaron a la seccional con vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad y empuñando armas. Sin mediar palabras abrieron fuego contra cuatro policías.

Los oficiales inspectores Diego Méndez, Javier Pérez y Adrián Barreto resultaron ilesos. Sin embargo, la sargento Rocío Villarreal fue alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones gravísimas -las balas afectaron su pulmón derecho, un riñón, el hígado, el diafragma y le provocaron una lesión medular en la vértebra 12- y la dejaron parapléjica en forma «permanente y definitiva».

La reacción de los policías, que lograron repeler la agresión, hizo que la banda cancelara el golpe de inmediato y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos, donde estaba alojado Leandro Aranda, que fue quien ideó, planificó y organizó el copamiento, desde adentro de la comisaría y vía celular, con el objetivo de fugarse. Para ello contó con el apoyo de su pareja, Zahira Bustamente, y un grupo de personas que nunca fueron investigadas.

La causa la instruyó la fiscal Alejandra Nuñez, quien imputó por el hecho a Aranda y su pareja, a la abogada Leticia Torosa -acusada de haberle entregado a Aranda el teléfono por el cual planificó el ataque a la comisaría-, el linyera Sebastián Rodríguez, Daniel Rodríguez, Tomas Sosa y Gonzalo D’Angelo. Sin embargo, no habría elementos de prueba que vinculen a estos últimos tres con el caso.

Sobre el caso puntual de Sebastián Rodríguez, el abogado Facundo Ferro, que representa a Gonzalo D’Angelo, aseguró: «Es un homónimo. Agarraron a un linyera que vivía en un auto abandonado al costado de la (autopista) Dellepiane». «De los audios surge que el verdadero Sebastián Rodríguez es otro, son voces completamente diferentes», agregó el letrado.

En relación a la situación de su defendido, Ferro precisó que se le imputa haber sido el conductor del vehículo en el que el grupo llegó hasta la seccional y que «conocía a Leandro y Zahira porque tenía un taller mecánico». «Los conoció a través del papá de Zahira. A raíz de ello hizo relación. Le llevaban sus autos a arreglar y le generaron muchos clientes de personas conocidas», ahondó.

No obstante, denunció que el 29 de abril de 2018 «(el verdadero) Sebastián Rodríguez lo amenaza con un arma en la cabeza y le dice que tiene que ir a liberar a Aranda». «Le solicitan que busque chapas patentes de unos autos. Dice que va a cooperar, se retira para ello y hace como que va a buscar lo solicitado y escapa. A partir de la 1.34 del 30 de abril no se sabe más de él. De hecho, de los audios surge que preguntan por él», añadió.

En este sentido, Ferro señaló que «en su propia declaración Gonzalo D’Angelo dice que fue amenazado por Sebastián Rodríguez y en el debate expresa que el Sebastián Rodríguez no es el que a él lo amenazó».

Pero la falsa imputación sobre el linyera no fue la única irregularidad que tuvo la pesquisa. Sobre el otro Rodríguez, Daniel, el abogado afirmó que «nadie sabe por qué está en la causa». «De los audios surge un Dani. Agarraron a este muchacho, que es psiquiátrico y que había tenido antecedentes hace muchos años, pero que nada tiene que ver con esto», completó.

Por último, Ferro indicó: «La fiscalía encontró un arma con la que ingresaron y dispararon. Tenía mancha hemática. Jamás se peritó. El hecho fue en el corazón de La Manzana, en la plaza principal, no incorporó ni se solicitó ninguna cámara de seguridad de los bancos y comercios de la zona». Y cuestionó que «los debates se hicieron en la Departamental de La Matanza, siendo que la fuerza afectada era de allí».

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