Condena millonaria contra la Provincia por no darle ayuda médica a un discapacitado que murió

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En un caso de gravedad institucional, el Estado provincial fue condenado a pagar casi 4,4 millones de pesos por daño moral más intereses a la viuda e hijos de un hombre discapacitado que murió hace nueve años en Córdoba esperando asistencia médica adecuada, que nunca llegó a pesar de las extremas condiciones de deterioro físico.

El juez del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 45ª Nominación, Héctor Daniel Suárez, falló a favor de los familiares, quienes no demandaron a la magistrada, por lo que la condena sólo alcanza a la Provincia. 

Un caso extremo

Julio César Marini, de 60 años al momento de su muerte, en 2012, se dedicaba a realizar el traslado de adultos mayores y con enfermedades crónicas. Residía en la ciudad de Córdoba con su esposa, comerciante, y tres hijos (dos varones y una chica de 13 años, por entonces). 

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El 7 de agosto de 2011 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, que le ocasionó daños neurológicos y motrices. Debido al diagnóstico, debía permanecer postrado en una cama del Hospital Misericordia, con alimentación inducida.

Sólo podía movilizar sus brazos y piernas con asistencia médica. Presentaba dificultades para poder hablar, y padeció reiteradas neumonías intrahospitalarias, según consta en la demanda civil presentada por la familia.

La Provincia le otorgó un certificado de discapacidad por ACV hemorrágico, hemiplejía derecha con deficiencia. En septiembre de 2011, el médico tratante solicitó la internación en un centro de rehabilitación integral.

Imagen ilustrativa. (Pixabay.com)

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Debido a que estaba afiliado a la Apross, la esposa cursó dos notas al director ante la necesidad de que el hombre fuera tratado en un lugar especializado (ya que la familia no podía solventar la internación de forma particular). Sin embargo, la mujer denunció que no recibió ninguna respuesta.

Luego de intimarla, la Apross indicó que Marini contaba con dos carencias, y que, por lo tanto, el sistema de Atención Integral de Discapacidad (Said) sólo otorgaba cobertura de rehabilitación a aquellos afiliados sin carencias. También le comunicó que no se encontraba alcanzada por la Ley Nacional de Discapacidad 24.901. 

Desesperación

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Desesperada, la esposa presentó un amparo en octubre de 2011, solicitando que ordenara a la Apross la cobertura del 100 por ciento del tratamiento en el Centro Vida Plena, en Argüello, y que dictara la medida cautelar debido al grave estado.

Pero la jueza de Control en lo Penal Económico Ana María Lucero de Offredi declaró inadmisible el recurso contra la Apross, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado.

En noviembre, mientras el hombre seguía esperando el tratamiento, la familia apeló ante la Cámara de Acusación. El 14 de diciembre, los familiares notificaron a la Cámara sobre el agravamiento del estado de salud del paciente, y solicitaron una resolución urgente. 

Al día siguiente, el tribunal hizo lugar a la apelación, revocó el fallo de la jueza Lucero de Offredi y ordenó dar trámite al amparo. 

La familia presentó a la jueza un pronto despacho ante el riesgo inminente de muerte por el agravamiento de salud (desnutrición, la falta de atención médica, la carenciada situación económica familiar y la negativa de la obra social a darle cobertura), solicitando que se ordenara a la Apross brindarle el tratamiento. 

Un día después, la jueza admitió el amparo y pidió informes a la Provincia. A las 72 horas, la familia presentó dos nuevos certificados sobre el grave estado de Marini y los riesgos de no ser atendido, recomendando su tratamiento en Argüello. La médica firmante alertó de que el paciente era “de altísimo riesgo”

Fue internado en una clínica privada, diferente a la pretendida, debido al grave estado. Sin embargo, fue enviado a su casa porque la clínica no contaba con el equipamiento necesario. 

Imagen ilustrativa. (Pixabay.com)

El 29 de diciembre, la familia presentó un nuevo pronto despacho solicitando el dictado de la cautelar. El 30, el último día hábil del año, a las 13.30, la jueza rechazó el amparo contra Apross, consideró inadmisible el planteo de inconstitucionalidad, y declaró abstracto el pedido de la cautelar.

La familia cuestionó a la magistrada por haber tomado la decisión en “absoluto incumplimiento” de los plazos legales y en “desapego” a los pronto despachos, 14 días después de haber recibido el expediente “bajado” por la Cámara y siete días hábiles después del informe de la Apross. 

La esposa apeló en febrero de 2012. Debido a la descompensación general de las funciones vitales del paciente, los familiares solicitaron a la Cámara de Acusación el tratamiento urgente del caso por inminente riesgo de muerte. 

Sin embargo, Marini murió el 20 de febrero, “sin la asistencia médica necesaria, y con el abandono de un sistema sanitario y jurisdiccional”, según denunciaron.

En abril, ocho meses después del ACV que lo dejó postrado, la Cámara hizo lugar a la apelación y declaró la inconstitucionalidad de la resolución de la Apross que le denegó la cobertura integral del tratamiento.

Los camaristas sostuvieron que “la no adhesión a las leyes nacionales 23.660 y 23.661 por parte la Apross “no determina, per se, que ese organismo sea ajeno a la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr el acceso pleno del afiliado discapacitado a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa constitucional”.

“La denegación de la Apross implicó la total desprotección de una persona en condiciones extremadamente graves”, indicaron y . 

Demanda civil

La familia presentó una demanda civil contra la Provincia, que pidió el rechazo. En ese sentido, negó que Marini falleciera debido a “con desamparo médico” y declinó cualquier responsabilidad. “Niego que la causa de muerte (…) se deba a una presunta lentitud en la administración de justicia y en el desconocimiento del derecho por parte de la jueza” Offredi. 

La viuda e hijos denunciaron que los daños y perjuicios fueron provocados por lentitud en la administración de justicia e ignorancia del derecho de la magistrada.

Recientemente, el juez de primera instancia Suárez condenó a la Provincia y ordenó indemnizar a la viuda y los hijos. En muy duros términos, el magistrado afirmó que Offredi “actuó con mora” e “ignoró las claras y vigentes normas jurídicas”.

Puntualizó que hasta un juez incompetente pudo haber admitido la cautelar debido a su «naturaleza provisoria y urgente», más «cuanto en el caso de Marini, cada minuto de retraso perjudicaba su salud». El juez ejemplificó, en otro escenario posible en los albores de la causa, que su colega «bien pudo, dado la urgencia, resolverla negativamente (a la cautelar), habilitando la segunda instancia».

Apross. (Archivo/La Voz)

“No tuvo en cuenta que el amparista era una persona con una discapacidad no solo documentada, sino con una gravedad que no podía por si solo hacer valer sus derechos”, indicó.

“Desoyó –continuó- los pactos internacionales con reconocimiento constitucional que obligan a los Estados, y por cierto, al nuestro, a la protección contra la discriminación. No tuvo en cuenta que en nuestro país la protección del derecho a la salud y la asistencia de las personas con discapacidad se encuentra prevista como una política de Estado”. 

Para Suárez, la “verosimilitud del derecho siempre estuvo presente” (algo que Offredi negó que se cumpliera) y señaló que la esposa de Marini “tenía derecho a la medida cautelar requerida con carácter de urgente” desde el comienzo. 

“La demora en expedirse hace incurrir en ignorancia de toda la legislación señalada y, por cierto, afectó seriamente la salud de Marini. No se nos escapa que todo magistrado tiene la facultad de interpretar la norma jurídica (…) pero no es menos cierto que tal libertad tiene un límite: las claras disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y las leyes que, en su consecuencia, se dicten”, sostuvo. 

“Así, no es posible que la libertad de criterio conque debe razonar un magistrado se transforme en un fallo reñido gruesamente con la legislación vigente. Si ello ocurre, el Estado debe responder por las consecuencias dañosas provocada por el actuar de uno de sus empleados”, cuestionó en alusión a Lucero de Offredi. 

“No cabe duda que en el caso ha existido error judicial (…), que un magistrado judicial ha incurrido en el mismo, y que el Estado debe responder”, consideró. Y remarcó que el Estado no fue responsable por los sucesos anteriores al amparo ni por la muerte misma de Marini, sino por “haberle privado de una chance de sobrevida y de calidad de vida”.

En efecto, condenó a la Provincia a indemnizar a la viuda con 1.636.167 pesos por daño moral y psicológico, y por pérdida de chance de asistencia y sobrevida. La hija deberá recibir 1.185.630 pesos (por daño moral y pérdida…); y los dos varones, 760 mil pesos (uno) y 802.646 pesos (el otro), por daño moral más los intereses. 

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