Cárcel de por vida al asesino de un testigo del caso Bru

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“Prisión perpetua”. Apenas esas dos palabras acaban de dar por concluido un ciclo de impunidad que se prolongó durante casi 19 años. Tal fue la condena que la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense le impuso al ex policía de la mazorca provincial, Luján Enrique Martínez, a raíz del homicidio –ocurrido el 21 de junio de 2002– de Mauro “Beto” Martínez, un testigo clave en el juicio por la desaparición de Miguel Bru, sucedida el 18 de agosto de1993.

De modo que así quedó definitivamente revocada, tras una serie de contramarchas kafkianas, la escandalosa absolución dispuesta en 2008 por el Tribunal Penal I de La Plata, que benefició a Luján Martínez y a su mandante, el ex oficial Ismael Gauna, muerto al año siguiente por un accidente casero.

Aquel período de gracia le permitió al bueno del ex sargento primero Martínez acumular 26 causas por violencia de género. Un hábito que incluye el intento de matar a su ex concubina, Nadia Barrera,  quien fue apuñalada delante de sus hijos. 

He aquí el retrato de un criminal polimorfo.

Espíritu de cuerpo

Bru había sido arrestado sin motivo cuando ya corrían los primeros minutos de aquel miércoles. Al amanecer, el último registro visual de su existencia quedó grabado en los ojos de un preso desde un calabozo de la comisaría 9ª de La Plata, cuando su cuerpo agonizante –o ya sin vida– fue arrastrado a través de un pasillo por un grupo de policías tras una impiadosa sesión de tortura.

Los verdugos estaban tan enceguecidos que no se percataron a tiempo de la presencia del testigo. Hasta que, de pronto, uno de ellos le ordenó que se corriera de la reja. Se trataba de Beto Martínez, detenido por un robo. 

Bru, de 23 años, pasó así a ser un desaparecido de la democracia. Pero no el único: tres años antes, idéntica suerte fue para el albañil Andrés Núñez, luego de ser torturado hasta la muerte en la Brigada de Investigaciones de esa misma ciudad. Su cuerpo fue encontrado cinco años después en un campo de General Belgrano, propiedad de un partícipe del crimen. En el caso de Miguel, el paradero de sus restos continúa siendo un misterio.

El contexto político era proclive para aquella circunstancia. Gobernaba Eduardo Duhalde y el doctor Eduardo Pettigiani, un antiguo militante fascista, estaba al mando de la Secretaría de Seguridad. Ya eran los días de la “Maldita Policía”, signados por un acuerdo espurio y secreto entre el mandatario y La Bonaerense: vista gorda ante los negocios de los uniformados a cambio de su presencia en las calles para así instalar una ilusoria sensación de orden.

Lo cierto es que el caso Bru fue el primer signo público de aquel pacto. Un signo que lo atravesó como un fantasma apenas disimulado. Su desarrollo fue notable; contó con la inacción deliberada del juez platense Amílcar Vara, un personaje amañado, venal e incapaz de ocultar su servilismo hacia aquella fuerza de seguridad, sin omitir el encubrimiento corporativo de sus integrantes ni el pringoso empeño del propio Duhalde por diluir los efectos del asunto en resguardo de su gestión. 

Los verdugos de Miguel Bru estaban tan enceguecidos que no se percataron a tiempo de la presencia del testigo. Se trataba de Beto Martínez, detenido por un robo

 
Ante tal muro de silencio, el reclamo de justicia –incubado en las aulas de la Escuela Superior de Periodismo  de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde estudiaba Miguel– trascendió las calles de aquella ciudad para ser una causa nacional. Una causa encabezada por su madre, Rosa Bru, una mujer sin militancia ni experiencia política previa. Tanto es así que su getsta torció la dirección del expediente y el futuro de sus responsables.

De hecho, aquella inocua montaña de fojas fue para Vara la tumba de su carrera judicial. Y los matadores quedaron a la intemperie.

Ellos fueron juzgados a mediados de 1999. Así fue que el subcomisario Walter Abrigo y el sargento Justo José López terminaron condenados a prisión perpetua, mientras que el comisario Juan Ojeda y el cabo Ramón Cerecetto, a cuatro años por complicidad en el hecho.

La declaración de Beto Martínez había sellado sus destinos, puesto que probó la presencia de Miguel en la 9ª antes de su desaparición.

En la sala del tribunal, mezclado entre el público, se encontraba Gauna, un sujeto enjuto y macilento, cuya peligrosidad estaba depositada en su forma de mirar. Aquella vez no le quitaba los ojos de encima al testigo.

A unos metros había un morocho de tamaño descomunal, que también lo observaba con expresión torva. No era otro que Luján Martínez.

Es posible que Beto no los reconociera, aunque se trataba de los mismos policías que, días después del martirio de Bru, le dieron, por orden de Abrigo, una paliza en el bosque plántense con el propósito de llamarlo a silencio.

Ellos ahora lo miraban desde el fondo de la sala, sin que nadie advirtiera en sus ojos el germen de otro crimen.

Pero un sexto sentido le indicó a Beto que, ni bien saliera del tribunal,  debía esfumarse de los sitios que acostumbraba a frecuentar.

Gauna y Martínez lo buscaron desde entonces, aunque sin éxito.

Tampoco llegaron a saber a tiempo que, a mediados de 2002, había sido detenido por otro robo, siendo llevado a la comisaría de El Dique, y que de allí logró fugarse con otros presos.

Unas semanas después, Gauna recibió una llamada telefónica del jefe de esa seccional, quien –por solidaridad “canera”– le brindó un dato de valía: el prófugo estaba en una casa ubicada en la calle 120, del barrio de Villa Elvira.

Clareaba el tercer viernes de junio cuando un grupo policial encabezado por Gauna y Martínez rodeó esa vivienda.

Beto salió por la puerta con las manos en alto. Pedía que no lo mataran. Gauna esbozó una sonrisa al esposarlo. A continuación se apartó del cautivo, haciéndole a Martínez una seña con los párpados.

Éste, entonces, le descerrajó un balazo en la espalda.

Mauro Martínez murió al ser trasladado al Hospital San Martín.

Sus asesinos le habían plantado un “perro” –tal como se les dice a las armas utilizadas para montar la escena de un tiroteo inexistente– y declararon que la víctima les había disparado previamente.

Seis años más tarde, el Tribunal Penal I de La Plata dio por cierto aquel embuste, absolviendo así a los asesinos. Martínez y Gauna volvieron a sus casas libres de culpa y cargo. “Legítima defensa”, fundamentaron los jueces.

En 2009, este último falleció al explotarle un calefón en la cara.

Desde aquel momento, el Tribunal de Casación, valiéndose de excusas pueriles, rechazó tres veces las apelaciones presentadas por la querella para revertir el fallo absolutorio.

Pero la insistencia del equipo de abogados de la Asociación Miguel Bru, encabezado por el doctor Ernesto Martín, hizo que los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinski reconsideraran su postura, condenando ahora a Martínez a la pena más elevada del Código Penal.

Pero esa mala nueva (para él) la recibió ya preso por otras razones.

El galán de los hogares

En este punto es necesario retroceder al 5 de junio de 2017. Por entonces, ya exonerado de la policía por inconductas de menor cuantía, Martínez trabajaba de remisero. Hacía diez días se había separado de su pareja, Nadia Barrera. Ellos tenían dos hijos: un varoncito de cuatro años y una nena de casi dos.

La cuestión es que al amanecer ese lunes, Nadia lo vio irrumpir al hogar que habían compartido en la calle 5, entre 507 y 508, de Gonnet, a pesar de tener una orden de restricción.

El tipo estaba ofuscado y, a modo de saludo, le prodigó un puñetazo en la cara, antes de bramar:

– ¡Me denunciaste, puta de mierda! Ahora por tu culpa voy a ir en cana, pero primero te voy a matar.

Los alaridos de papá hicieron que las criaturas rompieran en llanto.

En rigor, era la octava denuncia que ella le hizo por agresiones, cuyas motivos abarcaban desde brotes celópatas hasta una camisa mal planchada.

En la anterior, ocurrida el 26 de mayo, él la arrastró de los cabellos por el piso, mientras la pateaba; al final, tras trompearle un ojo, le dio un golpe en la boca que le produjo la pérdida de varios dientes.

Ese episodio hizo que Nadia decidiera separarse de él.

Ahora, delante de sus hijos, repetía:

– ¡Voy en cana, pero primero te mato!

A continuación, tomó un cuchillo en la cocina. Y sin mediar palabra, le asestó a Nadia seis puñaladas en la zona del estómago. Hecho esto, se tomó un vasito de agua antes de darse a la fuga.

Ya de noche, desde su cuenta de Facebook envió el siguiente mensaje a Nadia: “Sos mi vida y mi desgracias. Me dolió que me hallas (sic) traicionado con ese… qué Dios se apiade de vos. Amo a mis hijos”.

“El sistema judicial expone a las mujeres tanto como sus victimarios”

Víctor Hortel

Recién entonces saltó a la luz que ese tipo sumaba 26 causas judiciales por violencia de género, desde 1998. Pero el Poder Judicial se mostró incapaz de interrelacionarlas para comprobar que se trataba del mismo agresor. Por el contrario, aquel relevamiento fue realizado por la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de la UNLP, a cargo de Flavia Delmas.

Todas las mujeres relacionadas con el terminaron por denunciarlo. Entre ellas, sus ex parejas María del Carmen Berón y Liliana Elsa Canales, además de algunas novias ocasionales. Pero cada una de esas presentaciones terminó apolillada en los cajones de fiscalías y juzgados

“El sistema judicial expone a las mujeres tanto como sus victimarios”, dijo a Télam el abogado Víctor Hortel, quien patrocinó a Nadia en la primera etapa de la causa que la tiene como querellante.

Al día siguiente de la agresión sufrida por ella, Martínez fue alojado en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata con prisión preventiva y bajo la carátula de “Femicidio doblemente agravado por el vínculo en grado de tentativa”.

Ese sujeto, quien aún languidece tras las rejas, estaba muy entusiasmado con la inminente elevación a juicio de la causa, ya que masticaba la esperanza de que le dieran por cumplida su condena.

El fallo por el asesinato de Mauro Martínez le hizo añicos ese sueño. 

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