Policía Caminera: multas casi impagables y con ajuste naftero

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Aunque muchos hayamos protestado alguna vez luego de haber recibido una multa, no hay dudas de que el regreso desde hace ya más de 10 años de la Policía Caminera contribuyó a mejorar el tránsito por las rutas provinciales y a reducir los accidentes fatales. A fuerza de sanciones económicas, los automovilistas cordobeses comprendimos la enorme importancia de respetar las más mínimas normas de tránsito, lo que termina salvando vidas. 

A causa de su presencia en las rutas, cada vez son menos los que circulan a velocidades no permitidas o luego de haber tomado alcohol. Y cuando alguien sale de viaje, casi siempre realiza un chequeo rápido de que todo en el coche funcione correctamente. No sólo para no tener problemas, sino también para no “ligarse” una multa. Quizás un poco “hijos del rigor”, todos nos comportamos hoy un poco mejor cuando nos sentamos detrás del volante.

Hasta allí, todo bien. El problema aparece cuando consideramos el valor de las multas y, particularmente, el esquema que se utiliza para su actualización.

En primer lugar, un principio básico del derecho sugiere que exista cierta proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada. Pero lo cierto es que hay multas que, más allá de la gravedad de la infracción, por su altísimo costo son prácticamente impagables para muchísima gente. 

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Actualmente, las faltas graves (como llevar las luces apagadas) llegan hasta 16.360 pesos, y las muy graves (exceso en el límite de velocidad), hasta los 32.720 pesos. Ni hablar de la multa por alcoholemia positiva, que prevé sanciones que van de 98.160 a 163.600 pesos. 

Con semejantes valores, un automovilista que reciba una de esas multas muy posiblemente termine con su presupuesto mensual en “rojo”, y hasta puede complicarse su economía por un largo tiempo. Incluso, es probable que, con castigos tas severos, muchos terminen no pagando la infracción, aplazando esa deuda para quién sabe cuándo. 

El otro tema es el criterio para ajustar el valor de las sanciones. Desde la creación de la fuerza rutera, las multas se actualizan tomando como referencia la evolución del precio de los combustibles. De hecho, el codificador oficial establece determinada cantidad de unidades fijas (UF), equivalentes al precio de un litro de nafta súper, para cada infracción.

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El tema es que hace ya varios meses que el precio de la nafta viene acumulando aumento tras aumento, lo que termina impactando en el valor de las multas. Como todo commodity, los combustibles están atados al dólar, y el billete verde hace ya dos años que no para de subir. 

De hecho, en agosto de 2019, el litro de nafta súper estaba en 48,44 pesos y hoy cuesta 81,80. El incremento es de casi 70 por ciento. Lo mismo pasó con las UF, y por ende con las multas. En el mismo lapso, los ingresos de los automovilistas –lejos de estar dolarizados– aumentaron en pesos y muy por debajo de esas cifras. 

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Con todo eso, hace ya tiempo que las sanciones deberían reajustarse a valores más “pagables” para el común de la gente, al tiempo que desacoplarse de un producto demasiado volátil y atado al dólar, para comenzar a referenciarlas con un índice que tenga una lógica de ajuste más cercana al bolsillo de la población.

De lo contrario, la Policía Caminera seguirá cargando con el pesado estigma de ser más un organismo recaudador antes que social y preventivo.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 6/03/2021 en nuestra edición impresa.

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