Una Afip equilibrista entre inquilinos y propietarios

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La reciente disposición de la Afip que obliga a registrar todos los contratos de alquiler que se celebren en el país a partir del 1 de marzo puso algo más de pimienta a una relación entre dos actores sociales –inquilinos y propietarios– que habitualmente es bastante “picante”.

La normativa, que completa la reglamentación de la Ley de Alquileres, obliga a los dueños de las viviendas o departamentos a registrar los contratos ante el organismo recaudador dentro de los 15 días de la firma. En caso de que el propietario no lo haga, el inquilino puede denunciar ante la Afip el vínculo contractual.

Las asociaciones que representan a los inquilinos festejaron la nueva medida, entendiendo que ayuda a formalizar ante el Estado una relación que muchas veces no es del todo transparente, al tiempo que les asegura poder deducir del Impuesto a las Ganancias una parte de lo que pagan en concepto de renta.

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Según los inquilinos, actualmente entre el 70 y el 80 por ciento de los contratos de alquiler no están declarados ante el fisco, lo que también impide contar con estadísticas confiables sobre la realidad económica de una enorme cantidad de familias que no tienen casa propia, a partir de las cuales se podrían diseñar políticas públicas más efectivas en materia habitacional.

Y aunque entienden que la nueva medida no garantiza por sí sola que el mercado se formalice de un día para el otro, aseguran que podrán contar con otra herramienta para hacer valer sus derechos ante eventuales abusos por parte de dueños e inmobiliarias.

Del otro lado del mostrador, los propietarios rechazan la nueva imposición planteando que se trata de otra exigencia burocrática que recae sobre ellos, a lo que se suma el impacto en materia impositiva que tendrán que asumir. Al estar declarado el contrato, también se blanquea el ingreso económico que los dueños perciben en concepto de renta.

Asimismo, recuerdan que desde comienzos del año pasado los alquileres están congelados, lo que en los hechos les ha significado un menor ingreso económico, y que actualmente la relación entre el precio de las propiedades y el valor de los alquileres es una de las más bajas de los últimos 30 años. 

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En función de ello, advierten que la nueva obligación puede llegar a desalentar la oferta de propiedades para la renta, en un mercado que desde hace tiempo ya muestra una profunda escasez de unidades disponibles, particularmente viviendas unifamiliares. Y que todo ello se traducirá, tarde o temprano, en una suba en los precios de los alquileres.

Según datos del Indec, casi el 20 por ciento de las familias argentinas alquila la casa en que viven. En total, son casi tres millones de hogares que mes a mes destinan buena parte de sus ingresos para pagar el techo bajo el cual pasan sus días. 

La Ley de Alquileres sancionada hace un año, y ahora reglamentada, fue presentada como un intento de poner algo más de claridad y transparencia sobre un mercado extremadamente atomizado, en el que inquilinos y propietarios siempre se han mirado con desconfianza. Seguramente será necesario dejar que más agua corra bajo el puente de la nueva norma, a la espera de que esta contribuya a que todos sientan que nadie sale perdiendo.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 20/02/2021 en nuestra edición impresa.

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