CES: 26 dirigentes y 25 comisiones, pero lejos de las urgencias

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Alberto Fernández no ahorró lustre para lanzar el Consejo Económico y Social (CES). Este cobijará a 26 dirigentes, según la lista oficial (se habían anunciado 30 integrantes) y funcionará con 25 comisiones bajo la dirección de Gustavo Béliz y no de Roberto Lavagna, como fue la promesa inicial.

El Gobierno se encargó de subrayar que el CES “no será un ámbito para discutir temas coyunturales y de cortísimo plazo, como por ejemplo el acuerdo de precios y salarios”, que tiene como primera batuta a Martín Guzmán, con la supervisión de Santiago Cafiero.

Los ejes del Consejo serán el debate de cuestiones vinculadas al desarrollo de políticas de Estado de mediano y largo plazo.

En pocas palabras, un organismo con dirigentes sectoriales, académicos y asesores internacionales (¿ad honorem?), con un esquema y objetivos que en el pasado no dieron resultados, aunque bajo diversas modalidades.

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En 2014, durante el kirchnerismo, Ricardo Forster llegó a encabezar la pomposa Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Hoy, Forster es asesor del Presidente.

Córdoba no tiene peso ni representantes en el CES, aunque tampoco es un tema que preocupe al Gobierno provincial.

Durante el primer mandato de Juan Schiaretti, en 2008, se constituyó el Consejo para la Planificación Estratégica (Copec), cuyo mayor logro fue un documento consensuado sobre educación. La planificación se diluyó con el tiempo y el organismo –conducido por el politólogo Daniel Zovatto– fue disuelto en la segunda gestión del actual gobernador.

En Córdoba debiera funcionar un Consejo Económico y Social, previsto en el artículo 125 de la Constitución Provincial. Muy pocas veces llegó a cumplir su función de “órgano de consulta de los poderes públicos”, como se establece en su conformación.

La creación del CES nacional no contribuirá a solucionar las urgencias de la Argentina, aunque es válido el objetivo de que puedan plantearse políticas de Estado a las que adhiera la mayoría.

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Los contrastes de gobierno son notables entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Pueden definirse políticas de Estado en un país que aún no resolvió su identidad en temas básicos? La oposición no fue convocada. ¿Puede haber políticas permanentes sin apoyo político extrapartidario?

Precios y salarios

Las consultoras Ecolatina y de Orlando Ferreres –las más respetadas en proyecciones macroeconómicas– anticipan que la inflación rondará el 3,5 por ciento en febrero. Esa, junto con la inseguridad, es la principal preocupación de los argentinos.

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En marzo, se sumarán los aumentos por el inicio de clases, por la indumentaria, por la medicina prepaga y, casi con seguridad, por los combustibles. En el primer trimestre, es posible que la inflación haya consumido un tercio de la que proyecta Guzmán para el año: 29%.

El ministro se apoya en la promesa de reducir el déficit y en el atraso del dólar respecto de la inflación. La actualización prevista es sólo del 25%.

La baja del blue y de los dólares financieros obedece a varias causas; la principal es la venta de bonos por parte del Estado, que rinden 16% anual en dólares a sus vencimientos “debido a políticas macroeconómicas mediocres”, advierten acreedores que aceptaron el canje de deuda.

También influyen el aumento de la liquidación de los exportadores tras la reunión entre el Presidente y la Mesa de Enlace (“no habrá aumento de retenciones ni cupos”). Las liquidaciones se incrementarán desde marzo con la cosecha de granos gruesos, que anticipa un rinde de 49 millones de toneladas tanto en maíz como en soja.

A esos factores se suman la necesidad de pesos de quienes tienen posiciones en dólares. La caída de las importaciones y el menor turismo externo redujeron, a la vez, la demanda de billetes.

Otro sector del Gobierno busca acotar la inflación mediante los controles de precios y las sanciones a las empresas, un accionar distinto del que prometió Guzmán a los empresarios. “Imputamos a las empresas para que vuelvan a producir a su máxima capacidad”, dice la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ajena a los principios de la economía, pese a su doctorado.

Con estrategias tan diferentes, será difícil que haya un acuerdo efectivo sobre salarios y precios, más allá de las fotos oficiales, que gremialistas y empresarios no quieren perderse por temor al látigo oficial.

Mientras, el CES seguirá debatiendo

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 20/02/2021 en nuestra edición impresa.

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