Peronismo y Poder Judicial: ¿jueces o soldados?

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En Argentina, las primeras leyes laborales fueron redactadas a principios del siglo 20 por el socialista Alfredo Palacios y por el liberal reformista Joaquín V. González. En Córdoba, durante el gobierno del Partido Demócrata liderado por Ramón J. Cárcano y, en particular, durante el gobierno radical de Amadeo Sabattini se produjeron avances notables.

El primero creó la Oficina Provincial del Trabajo (1914); el segundo, el Departamento Provincial del Trabajo (1939), con lo que se amplió la incidencia estatal en la regulación de las relaciones laborales. Para Sabattini, el Estado no debía ser sólo un guardián de leyes sino también un creador de derechos.

Pocos años después, el peronismo dio el gran salto adelante en esa dirección, al promover la creación del fuero laboral y de los tribunales de trabajo, en el marco de un universo de valores que enfatizaba la importancia de los derechos sociales.

El célebre sociólogo Gino Germani enfatizó en 1962 la importancia política y simbólica que adquirió la Justicia laboral en la forja de la identidad peronista.

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A partir de Perón, los trabajadores experimentaron “la libertad concreta, inmediata, de afirmar sus derechos contra capataces y patrones, elegir delegados, ganar pleitos en los tribunales laborales, sentirse más dueños de sí mismos”.

A fines de 1944, se constituyeron los primeros tribunales de trabajo en la Capital Federal, y en 1950 en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con la historiadora Belén Portelli, el fuero laboral cordobés constaba de dos cámaras y tres juzgados de conciliación con asiento en la ciudad de Córdoba, y una cámara y un juzgado de conciliación, en cada caso, en Río Cuarto, Bell Ville y San Francisco. En este aspecto, el aporte del peronismo a la modernización del Estado fue incuestionable.

Pero el fuero laboral no alcanzaba a los trabajadores del Estado. En función del decreto 536/45, del 15 de enero de 1945, de Represión de Delitos contra la Seguridad del Estado, se castigaba con penas de hasta tres años de prisión a los promotores de huelgas en “reparticiones nacionales, provinciales o municipales, o en empresas semioficiales o particulares” que tuvieran a su cargo servicios públicos.

Tampoco incluía a los docentes universitarios y de colegios secundarios cesanteados sin indemnización.

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En 1951, el presidente Perón hizo intervenir al Ejército para reprimir el conflicto de los obreros ferroviarios, aplicándose la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra.

La defensa de los derechos laborales excluía a los militantes políticos de la izquierda obrera: en 1949, el obrero tucumano Carlos Antonio Aguirre, quien estaba organizando un paro de solidaridad con la huelga de los trabajadores de los ingenios azucareros, se convirtió en el primer detenido desaparecido. Tras ser torturado, al parecer, en el subsuelo de la Casa de Gobierno de Tucumán, su cadáver fue encontrado poco después en Santiago del Estero. Aguirre era integrante del comité provincial del Partido Comunista de Tucumán.

La imbricación entre Poder Judicial y poder político fue común durante la mayor parte del siglo 20 argentino. En 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el golpe militar del general José Félix Uriburu.

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En los años siguientes, fue cómplice de los fraudes electorales del conservadurismo; entre 1956 y 1957, durante la presidencia del general Pedro Aramburu, los crímenes de militantes peronistas no fueron nunca sancionados; la expresión cumbre de ese matrimonio entre Justicia y política en Córdoba tuvo lugar en 1967: el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Caballero, aceptó el pedido del dictador Juan Carlos Onganía para ser gobernador de la provincia, cargo que ostentó hasta que el Cordobazo echó por tierra su autoridad.

Pero lo original en el caso del peronismo histórico (1946-55) fue la adhesión obligada del conjunto del personal judicial a un líder y a la doctrina de un partido político que competía con otros en elecciones limpias.

En abril de 1955, los jueces de paz letrados cordobeses que asumían sus funciones expresaban en una carta al Consejo Superior del Partido Peronista: “(…) tenemos el alto honor de expresar al señor presidente nuestra firme decisión como soldados del movimiento peronista, de sustentar y hacer respetar desde la magistratura los principios de la doctrina nacional que plasma con su acción el genial conductor de la nueva Argentina, general Juan Perón, y con el recuerdo fijo en la jefa espiritual de la Nación, Eva Perón”. Encabezaban las firmas los abogados Alberto López Carusillo y Jesús Santecchia.

La peronización forzada del Poder Judicial en la provincia de Córdoba había comenzado en 1947. El interventor federal designado por Perón, el general de división Aristóbulo Vargas Belmonte, dispuso a través de un decreto de octubre de ese año la caducidad del Poder Judicial. Todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia, vocales de cámara y numerosos magistrados fueron puestos en disponibilidad o forzados a renunciar.

En estas circunstancias, el Colegio de Abogados convocó a una reunión extraordinaria en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, con el objeto de repudiar el decreto del gobernador, pero un piquete de policía de Guardia de Infantería y otro de la Guardia de Caballería impidieron la entrada a su sede de avenida General Paz 479. Pese a las protestas de intelectuales cordobeses, como el jurista Ricardo Núñez o el escritor socialista Arturo Orgaz, las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Justicia asumieron sus funciones en un acto que contó con la presencia legitimadora de las máximas autoridades militares y eclesiásticas: el comandante de la IV División de Ejército, general Ambrosio Vago, los directores de la Escuela de Aviación Militar, del Liceo Militar General Paz y del Instituto Aerotécnico, y el arzobispo Fermín Lafitte.

Los mecanismos de control intraestatales, de pesos y contrapesos en el interior del Estado (accountability) entraban en un cono de sombra con la aquiescencia de una parte de la sociedad civil y el espanto de otra.

*Investigador del Conicet (UNC)

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 14/02/2021 en nuestra edición impresa.

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