Denunciaron a la jueza del caso Astudillo Castro por parcialidad

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Mientras la guerra se incrementa entre los fiscales y la jueza, la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido de medidas de prueba que los primeros hicieron y apuntan a los bonaerenses sospechados.

Las medidas son, entre otras, un nuevo allanamiento e inspección sobre el Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, donde un perro encontró un amuleto que pertenecía al joven y fue identificado por su madre.

También para que el capitán Alberto González, quien interceptó a Facundo el 30 de abril pasado en el kilómetro 750 de la Ruta Nacional Nº 3, entregue la libreta con anotaciones manuscritas que tenía encima.

Asimismo, para que el Municipio de Villarino entregue una copia digital con información de todas las lectoras de patentes ubicadas en las cercanías del Km 714 de la Ruta Nacional Nº 3.

Los fiscales también reclaman que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires haga entrega de la totalidad de los teléfonos personales y oficiales que les fueran asignados a los policías que tuvieron participación directa o indirecta en torno al caso.

En los primeros días de febrero, el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) presentó a pedido de los fiscales un informe sobre el estudio de mareas del lugar donde Facundo fue encontrado sin vida el 15 de agosto pasado en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo.

Facundo Astudillo Castro había sido visto por última vez el 30 de abril pasado luego de que al menos en dos ocasiones efectivos policiales bonaerenses lo demoraran en controles por violación del confinamiento ante el momento fuerte de la pandemia por coronavirus.

Ese informe, según dijeron fuentes judiciales a NA, no tenía firmas y estaba incompleto, y entre otras conclusiones, establecía que el lugar donde fue encontrado muerto Facundo se inundaba con una profundidad aproximada de entre 40 a 50 centímetros.

Pero llamativamente, y sin que se le haya pedido, el titular del IADO, Eduardo Gómez, presentó un informe aparte con su firma en el que analizó el terreno del lugar donde fue encontrado Facundo y hasta hizo valoraciones que abonan la teoría de una muerte accidental por ahogamiento.

Los fiscales le llamaron la atención a Gómez, porque nunca le solicitaron ese informe, y luego la jueza Marrón instó a los fiscales a que incorporaran a la causa el primero de los estudios pero paralelamente ordenó una ampliación del mismo.

Lo llamativo es que la jueza lo hizo estando la causa delegada en la Fiscalía, que es la que tiene la dirección de la causa, y eso despertó malestar de los fiscales y planteos varios, incluido el de recusación por parcialidad.

Además, los fiscales plantearon la nulidad de la disposición de la jueza que ordena una ampliación de informe de los peritos.

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