El impuesto a las grandes fortunas: cuando la realidad supera la ficción

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La nueva ley “ya tiene un pie dentro” de la Casa, y con su reglamentación se espera el ingreso del otro pie, literal. Los factores que destacan su inconstitucionalidad marcan la semejanza con el cuento citado.

Veamos el paralelo: Dos hermanos habitan su hogar y, atemorizados por murmullos y ruidos que los acechan (expresados en los más de 170 tributos que cargan sobre sus espaldas como contribuyentes, simulando al mismo “Atlas”), y luego de ir cediendo cada habitación como si fueran sus derechos constitucionales (legalidad, no confiscatoriedad, igualdad, entre otros) terminan por abandonar la casa (éxodo de capitales y de contribuyentes a otras jurisdicciones mediante el cambio de residencia fiscal) tirando las llaves por las alcantarillas (las inversiones presentes y futuras).

Tal vez el Gobierno Nacional debió inspirarse más en María Elena Walsh con su obra “Manuelita”, que, si bien se fue a París, al menos, ella sí regresó.

La semejanza es obvia y manifiesta. A los 170 tributos ya existentes, este gobierno le sumó 18 más y finalmente agregó el IGR sin considerar la superposición con Bienes Personales (ISBP) que grava el mismo tipo de bienes.

1|PERO BASTA DE METÁFORAS

¿Cuál es la finalidad del impuesto? Obtener una recaudación única y extraordinaria, para combatir los efectos de la pandemia. ¿El fin justifica los medios? Ya sabemos hacia dónde nos lleva el camino del fin por el fin mismo. ¿O acaso el derecho de propiedad, el de capacidad contributiva, el principio de legalidad, etc, no son parte de los derechos humanos en su acepción general?

Lo paradojal es que del total recaudado, solo un 20% estará destinado a paliar los efectos de la pandemia. El resto de la recaudación tiene un fin totalmente distinto al que motivó la creación del impuesto.

Sobre el impuesto maquillado como aporte: El IGR tiene una tasa progresiva que, acumulada a la del ISBP, alcanza la incoherente alícuota del 7.5%.

Aquellos argentinos (12.000 contribuyentes) que tengan bienes en el país y en el exterior que superen los $200.000.000 -aprox. u$s2,5 MM- deberán tributar este impuesto, pero no sobre el excedente de dicho monto, sino sobre el total. De tal manera, el que tenga $199.999.999 no pagaría el impuesto.

Nunca la moneda de valor nominal UN PESO pareció tener tanta relevancia y peso específico, ni los legisladores argentinos tanta incoherencia. El principio que indica que “la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador” (fallos 320:2701; 234:482; 295-1001), parecería haber sido obviado.

2|¿RESULTA INCONSTITUCIONAL?

La ley 27.605 afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva, legalidad, retroactividad equidad e igualdad respecto de la condición de residente.

Confiscatoriedad porque grava la misma base imponible que el ISBP (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo).

Capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos.

Retroactividad de la condición de residente, porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año.

Equidad e Igualdad, en conjunción a los principios mencionados ut supra, visto que aquellos contribuyentes que tenían un valor patrimonial al 31/12/19 pueden ya no tenerlo, y por el contrario otros, que no tenían cierto valor, ahora sí verse exceptuados (Fallo 328:4542, entre otros). Además, al aplicarse alícuotas diferenciales a contribuyentes con bienes en el exterior, por el solo hecho de que están en el exterior, y no por poseer mayor capacidad contributiva, se ven afectados en su igualdad.

Legalidad porque delega en las normas complementarias conceptos indelegables.

Con este impuesto la alícuota total podría ser confiscatoria por absorber una parte substancial de la renta. Conforme los criterios de la CSJN en diferentes precedentes y como la alícuota del ISBP más podrían alcanzar el 7,5% del patrimonio, afectarían más del 35% de la renta que generan estos activos (CSJN fallos 200:130, 196:153; 322:3255; 201:167; 204:378).

La confiscatoriedad o el detrimento a la propiedad surgen del conglomerado de impuestos vistos globalmente y no en forma particular. Precisamente, el ISBP ya alcanza los mismos sujetos pasivos, mismo hecho imponible e incluso base imponible irónicamente similar.

Jurisprudencialmente, la comparación mencionada representa una violación al derecho de la propiedad, la capacidad contributiva y la inseguridad jurídica.

En el fallo “Ángel Moiso y Cía., SRL s/recurso de apelación”, la CSJN dictamina: “cuando el contribuyente ha oblado el impuesto de conformidad con la ley en vigencia al momento en que realizó el pago, queda este, por efecto de su fuerza liberatoria, al amparo de aquella garantía [de la propiedad], que se vería afectada si se pretendiese aplicar una nueva ley que estableciera un aumento para el período ya cancelado”.

Los contribuyentes que al 31/12/2019 tributaron el ISBP no pueden quedar sujetos a otro impuesto (IGR) que grave los mismos bienes y también a la misma fecha.

Además, este IGR alcanza bienes existentes al 31/12/2019 que estuvieron exentos cuando se pagó el ISBP al 31/12/2019, afectando deliberadamente un derecho ya adquirido y salvaguardado, en detrimento, una vez más, del derecho de propiedad. La CSJN en “Unión Obrera Metalúrgica c. Kelmar S.A.” explicitó que una ley posterior, puede eliminar una exención a futuro, pero en forma retroactiva.

La CSJN garantizando el derecho a la propiedad acotó en el fallo “Navarro Viola” que: “La afectación del derecho de propiedad resulta palmaria cuando la ley toma como hecho imponible una exteriorización de riqueza anotada antes de su sanción sin que se invoque, siquiera, la presunción de que los efectos económicos de aquella manifestación permanecen, a tal fecha, en la esfera patrimonial del sujeto obligado.”

Sumado a esto, la nueva ley grava los aportes a trusts, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras al 31/12/19, por bienes que ya no están en el patrimonio (del cual ya no es titular) a la vigencia de la ley y por ende no entran en el el concepto de capacidad contributiva

3|A MANERA DE CONCLUSIÓN

Sin desconocer los efectos de la pandemia y la intención del gobierno por morigerarlos es de mayor gravedad la desinversión, la huida de capitales y el alejamiento de nuevas inversiones que se mudan a países con mayor seguridad jurídica, afectando el presente y el futuro de los argentinos.

No queda otro camino que la “rebelión legal” a través de las vías que nos brinda la CN y el CPCyCN, inspirándonos en Ayn Rand autora de su novela de ficción “La Rebelión de Atlas”, quien demuestra el paralelismo entre su relato (ficción) con lo que acontece en el País (realidad), sugiriendo precisamente que el Atlas finalmente se rebele.

Nota: agradecemos la colaboración de los Dres. Ignacio Santamaría y Milagros Santamaría.

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