Llaryora desactiva lo heredado, Schiaretti batalla con lo propio

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Conforman un poder articulado al extremo, dependiente en términos políticos y autónomo a nivel de gestión. Juan Schiaretti y Martín Llaryora padecen en igual modo la circunstancia de gobernar con escasez una crisis demoledora. Y enfrentan la misma dificultad política a la hora de vincularse con un poder nacional cuya cercanía ellos necesitan y sus votantes repudian.

No obstante, las circunstancias de las gestiones provincial y municipal de la ciudad de Córdoba comienzan a diferenciarse de modo notorio.

Llaryora cumplirá un año en una ciudad que sigue esperando mejoras concretas. Pero puertas adentro el municipio va camino a desactivar los dos frentes más explosivos de la administración.

La deuda de 150 millones de dólares que podía aniquilar toda capacidad de la actual gestión municipal ya es problema del próximo intendente: hasta la consultora Moody’s reconoció la semana pasada los términos de esa reestructuración, que liberó de desembolsos importantes a la actual gestión y redistribuyó el peso que deberá afrontar la siguiente.

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Con el principio de acuerdo logrado el viernes con la conducción del gremio de los empleados municipales (Suoem), Llaryora también empezó a resolver el otro frente imposible: una partida salarial de crecimiento descontrolado en los últimos años, que obligó al municipio a endeudarse de modo creciente para tapar baches. En especial, el bache que cada mes generaban los sueldos.

Llaryora y el Suoem necesitan por igual ese acuerdo. El municipio concretó un zarpazo histórico a la partida salarial, que le permitió compensar la caída estrepitosa de los ingresos, pero cuyos efectos se hicieron insostenibles por la conflictividad que entrañan. El Suoem no pudo paralizar por completo el municipio durante los ocho meses de pandemia, pero sí puede impedir la normalización que los vecinos reclaman. Hay más de mil empleados en su casa y otros miles que llevan meses dedicados por entero a protestar por la reducción de los sueldos.

El gremio, por su parte, quedó acorralado por sus propios métodos: la violencia creciente como expresión de las limitaciones a la hora de negociar en términos razonables, pese a la evidencia de que no habría un peso más mientras esa negociación no ocurriera. Llaryora usó todas las herramientas a su alcance y edificó sobre ese conflicto un poder que no tenía al llegar al municipio.

Ahora, el intendente busca acordar los términos de una paz que aún está por verse: es fuerte la resistencia interna que enfrenta la conducción de Beatriz Biolatto por ese acuerdo salarial que no compensa todo lo perdido y una elección de autoridades gremiales cercana complica mucho más el panorama. Todos los caminos parecen conducir al regreso del histórico Rubén Daniele, una posibilidad que está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, y Llaryora es el primer interesado en que haya un liderazgo gremial capaz de conducir la nueva relación que necesita entablar con los empleados municipales.

Los efectos económicos de la pelea con el Suoem quedarán expuestos esta semana, cuando el Ejecutivo presentará el Presupuesto 2021. Junto con esa proyección, que seguirá los lineamientos provinciales en materia de suba de tasas –el Inmobiliario estará por debajo de la inflación, pero Comercio e Industria no– mostrará los números que hasta ahora mantuvo ocultos este año: cuánto se redujo la partida salarial es el dato clave.

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Las expectativas sobre 2021, en cambio, sólo generan más preocupación en el Centro Cívico.

Los dos principales problemas de la administración provincial están lejos de resolverse, y más bien agravándose. La reestructuración de tres bonos de deuda por casi 1.700 millones de dólares –heredados por Schiaretti de su gestión anterior– ingresa en su etapa más dificultosa: default técnico inminente, una dura negociación por delante que probablemente obligue a la Provincia a pagar antes de lo que Schiaretti pretendía, y que posiblemente dificulte cualquier posibilidad de nuevo financiamiento.

Ese frente es complicado, pero en el Panal no lo consideran insalvable: son seis las provincias en circunstancias similares y todas pueden culpar a la Nación de que las obliga a ingresar en default por falta de dólares. Tarde o temprano habrá un acuerdo con los bonistas, confían en el equipo de Schiaretti, a tono con lo que señalan desde Economía de la Nación.

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Para lo que no aparecen hasta ahora argumentos tranquilizadores es para el más viejo de todos los problemas provinciales: el déficit de la Caja de Jubilaciones, que arroja números incendiados pese al ajuste aplicado este año. El nivel de alarma que exhiben los funcionarios provinciales parece indicar que ya hay señales nacionales de que el faltante de recursos puede incrementarse. El problema es que el peronismo ya casi agotó la inventiva en recortes posibles, y los resultados siempre obligan a destinar más recursos de todos los cordobeses al pago de las jubilaciones de los empleados públicos.

Frente a la eclosión de los problemas estructurales, la batalla inminente de la coyuntura política es una preocupación adicional. La elección de Río Cuarto entra en tiempo de descuento y representa una prueba de peso para el peronismo. Gobernar una pandemia tiene costos políticos agobiantes, aun cuando la ventaja haya sido grande al momento en que la elección debía realizarse inicialmente.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 22/11/2020 en nuestra edición impresa.

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