Deuda externa y rendición ante el FMI

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Después de la rendición financiera y jurídica de agosto pasado ante los fondos buitre que pactaron con el gobierno de Mauricio Macri, la nueva administración nacional se apresta a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Busca institucionalizar la política de ajuste fiscal que garantice el pago de la deuda externa.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández completa así el trabajo en tándem de convalidar lo actuado bajo el período macrista, consolidando los compromisos asumidos por la anterior gestión.

Macri vino a gobernar con deuda y en dos años de endeudamiento sistemático y sin capacidad de repago llevó el país al default; esto es, a una situación de iliquidez e insolvencia del Estado frente a su deuda pública.

Enfrentado en abril de 2018 con el hecho de que los acreedores externos cortaban el refinanciamiento de los vencimientos y que fondos de inversión y bancos iniciaban un fuerte retiro de fondos, con el consiguiente descalabro cambiario, económico y social, Macri solicitó ayuda extraordinaria al FMI para no interrumpir el pago de los servicios de la deuda.

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Para ello, el FMI le concedió un préstamo extraordinario por valor de 57 mil millones de dólares por medio de un crédito stand-by (SBA, en inglés) a tres años de plazo, con pagos mínimos a partir de 2021 y el grueso de las devoluciones en el bienio 2022-2023.

Estos fondos –que totalizaron desembolsos por 44 mil millones del total otorgado– fueron utilizados por el gobierno de Macri más de la mitad en la venta de divisas por parte del Banco Central (BCRA) para sostener el tipo de cambio y el resto para mantener los pagos mínimos de intereses a los acreedores, mientras se refinanciaba y/o reperfilaba la mayoría de los vencimientos de capital.

La utilización de fondos prestados por el FMI para atender corridas cambiarias está expresamente vedada, según el artículo sexto del estatuto de ese organismo.

El FMI actuó así, en la práctica, como sostenimiento financiero y político de la supervivencia del gobierno de Macri, para que este pudiera completar su mandato y no interrumpiera el pago de los servicios de intereses de la deuda externa.

Hoy, otra misión del FMI negocia un nuevo acuerdo con la Argentina que mantiene los lineamientos del anterior gobierno y amplía su plazo y sus condicionalidades, pese a que la actual administración trata de dar una imagen en contrario.

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Las medidas de ajuste fiscal se vienen instrumentando por decretos del Poder Ejecutivo; por leyes especiales y por el Presupuesto 2021:

1) Al déficit fiscal de 2021 estaba previsto financiarlo 60% con emisión monetaria y 40% con nueva deuda pública, pero ahora se haría a la inversa. Es decir, bajo compromiso de mayor endeudamiento.

2) Para ello, se reduce el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCRA vía adelantos transitorios al Tesoro (AT) y/o transferencia de utilidades aumentando la proporción de financiamiento con nueva deuda del Estado.

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3) Sin contar todavía los resultados del futuro arreglo con el FMI, el Presupuesto 2021 contempla un aumento neto de la deuda pública de 18.500 millones de dólares.

4) A esto hay que agregar el arrastre del incremento previo de la deuda que se estaría produciendo este año, dada la necesidad de colocar obligaciones y/o emitir dinero para cubrir las necesidades de financiamiento de un déficit fiscal total de 2020 que llegaría a 40 mil millones de dólares.

5) Continúa el proceso de caída de los salarios reales por efecto de la alta inflación y por dilación de paritarias.

6) En paralelo, con el objetivo de reducir el gasto público por jubilaciones, a la baja por efecto de la inflación y de la nueva fórmula que implican, nuestros jubilados siguen siendo la variable de ajuste.

7) Aumentos por descongelamiento de tarifas de servicios públicos para compensar la reducción del gasto público por subsidios.

8) Diversificación de títulos públicos colocados por el Tesoro dando lugar a mayor emisión de deuda pública dolarizada: bonos en dólares y/o en pesos ajustados por tipo de cambio.

9) Aumento de las tasas de interés por pasivos remunerados del BCRA, en beneficio de los capitales especulativo-financieros de fondos buitre canalizados por los principales bancos.

10) Propósito de estabilizar el tipo de cambio a través de costosas intervenciones del BCRA pese a su carencia de reservas netas y líquidas, de venta de títulos públicos en dólares que están en cartera de organismos del Estado como Anses y BCRA.

11) El Presupuesto plurianual 2021-2023 y la exigencia del FMI de que las condiciones pactadas en el nuevo acuerdo de facilidades extendidas tengan “consenso político y social” y sean aprobadas por vía parlamentaria, como garantía de cumplimiento en calidad de política de Estado.

Paradójicamente, la bancada de senadores oficialistas acaba de dar a conocer una carta crítica a la directora-gerenta del FMI (tardía, aunque bien fundada), mientras aprobaba el Presupuesto 2021, que es el documento de base por el cual quedan plasmadas las principales medidas de ajuste que el organismo internacional requiere.

*Licenciado en Economía

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 22/11/2020 en nuestra edición impresa.

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