Conducta policial: el control como herramienta

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El desafío de combatir la inseguridad y el delito urbano en la provincia de Córdoba presenta algunas paradojas: además de la persecución a los delincuentes, el sistema está proyectado también para poner bajo control la conducta de los policías.

Es decir, comprobar la idoneidad de los uniformados que, en su condición de servidores públicos armados, deben velar por la seguridad ciudadana.

Se podría inferir que desde el retorno a la democracia, en 1983, los tribunales de conducta policial que funcionaron con distintos formatos no contribuyeron a erradicar las malas prácticas, que se reiteran en el seno de una institución desprestigiada por culpa de efectivos carentes de ética profesional.

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Son defecciones que se potenciaron en los últimos tiempos por acciones incompatibles con la formación que deben recibir los miembros de las fuerzas de seguridad. No es tarea complicada examinar los escándalos que salpicaron en los últimos meses a policías y a guardiacárceles.

Pero no hay que rendirse ante las evidencias. Siempre habrá motivos para renovar las esperanzas.

Ello se sustenta en que el Gobierno de Córdoba presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Este organismo fue creado en 2003, durante la gobernación de José Manuel de la Sota, en reemplazo de la División de Asuntos Internos, para el control y la sanción de las faltas administrativas perpetradas por policías y personal de los establecimientos carcelarios, independientemente de las decisiones que se tomen en sede judicial por delitos de persecución penal.

El flamante intento tiene como base una nueva integración del denominado “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”. Contará con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal; de la Legislatura, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Según la iniciativa oficial, la presidencia del cuerpo estará a cargo de un miembro de la Fiscalía General, cuya jefatura se mantiene en carácter de interinato desde marzo de 2019, cuando expiró el mandato del entonces titular, Alejandro Moyano.

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Si bien la iniciativa le asigna mayor poder en este delicado tema al Ministerio Público Fiscal, la demora en normalizar la estructura formal del ente hizo algo de ruido político. Hasta se llegó a barruntar una estrategia del gobernador Juan Schiaretti tendiente a extender los plazos del interinato, de modo que el próximo jefe de los fiscales sea afín a sus intereses y ejerza el puesto durante el mayor tiempo posible luego de que deje la gobernación en 2023.

Con todo, aun con una injerencia mayor del Ministerio Público Fiscal, el rearmado del tribunal que deberá investigar y eventualmente sancionar a los malos policías va en la dirección correcta. Claro, siempre y cuando ese control sea sistemático y efectivo y no culmine en sumarios internos laxos. Y que tengamos un accionar a tono con las demandas de una sociedad harta de la inseguridad y de los dudosos ejemplos de una minoría que denigra el uniforme.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 22/11/2020 en nuestra edición impresa.

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