Bolivia y las lecciones sobre el poder

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Por Damián Andrada

Luis Arce se saluda con su flamante vicepresidente, David Choquehuanca.

Luis Arce se saluda con su flamante vicepresidente, David Choquehuanca.

—¡Morir antes que esclavos vivir! ¡Morir antes que esclavos vivir!

Luis Arce Catacora acaba de asumir como nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y canta el himno con el puño izquierdo levantado. Una lágrima cae por su mejilla. En un palco de la Asamblea Plurinacional, una mujer de pollera se emociona y usa el barbijo para secarse el llanto.

Después de las estrofas Andrónico Rodríguez, el nuevo Presidente de la Cámara de Senadores y figura mimada de Evo Morales, pide un minuto de silencio por los caídos en Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal. El homenaje no responde a un color político, reconoce las víctimas de ambos lados y es un mensaje de unidad hacia el futuro.

— ¡Gloria a los caídos por la patria!

— ¡Gloria!

El siguiente en tomar la palabra es el Vicepresidente David Choquehuanca. Dice que desde tiempos remotos el Buen Vivir enseña a escuchar. Habla sobre la reciprocidad andina del Ayni, los pueblos de Abya Yala y la complementariedad del Chacha-Warmi. Es un discurso para escuchar y emocionarse. La sabiduría originaria del Altiplano ha vuelto al Palacio de Gobierno.

— Hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido y que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y a nadie le falte nada.

En Bolivia, la bestia magnífica del poder ha vuelto a ingresar por la puerta grande. Hace un año pensábamos Bolivia con el corazón en la boca. Había confusión y nos faltaban respuestas. Un año más tarde, con la victoria del Movimiento Al Socialismo por más de 25 puntos sobre la segunda fuerza, comenzamos a tejer algunas explicaciones.

Hoy, Arce Catacora tiene el desafío de reconstruir la economía, desarmar el puntapié neoliberal diseñado por Jeanine Añez, lidiar con el extremismo religioso que bañó la política boliviana de la mano de los “Camacho lovers” y desarmar los grupos de choque que hostigan a los indígenas y campesinos. La gran incógnita será qué hacer con la dirigencia política que organizó el golpe: si se abrirá un proceso judicial o se mirará hacia un costado para reconciliar a la sociedad boliviana. Lo que de ningún modo podrá quedar impune son las masacres de Senkata y Sacaba: las familias de las 36 personas asesinadas por el Gobierno de Añez esperan justicia.

La narrativa del fraude

Meses antes de la votación de 2019, en las redes sociales bolivianas circulaban mensajes afirmando que solo el fraude podría evitar una segunda vuelta. El congelamiento del escrutinio provisorio en el 83,76% con una diferencia menor a 10 puntos entre el MAS y Comunidad Ciudadana, le otorgó credibilidad al rumor. Carlos Mesa lo transformó en consigna política: “fraude monumental”. Y el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por la OEA le terminó de dar legitimidad.

En Bolivia, se decía que Luis Almagro era amigo de Evo Morales porque había avalado su candidatura a pesar del referéndum del 21F. Por eso la publicación de los Hallazgos Preliminares el domingo 10 de noviembre por la mañana fue un baldazo de agua fría para la opinión pública boliviana. El documento aceleró la última etapa del golpe, iniciada el viernes 8 por la tarde con los motines policiales.

Un año más tarde, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la Difusión de Resultados Preliminares horas antes del acto electoral, dejando en evidencia al informe de la OEA que, en sus 95 páginas, menciona en 290 oportunidades al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). De igual manera, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el Center for Economic For Economic and Policy Research han puesto el foco en las actas que la OEA consideró “irregulares” por su alto apoyo al MAS: un año más tarde el nivel de adhesión en las mismas actas ha sido igual o mayor. Es sabido que el área rural vota mayoritariamente a Evo Morales. Sin embargo, para la OEA este apoyo había significado una señal de fraude dado que generó un “aumento masivo e inexplicable” del porcentaje de Evo sobre el final del cómputo.

El contundente resultado electoral con el 55,10% de los votos vacía de contenido la narrativa épica de quienes salieron a las calles para “defender la democracia” frente al “fraude monumental”. Del mismo modo, deja en un lugar muy incómodo a Luis Almagro, que este año renovó su mandato en la OEA con el sponsoreo de Donald Trump. En estos días, algo de este conflicto se reactualizó en territorio norteamericano: el voto por correo fue a los supremacistas blancos lo que el voto rural a la derecha boliviana.

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Independientemente de la victoria de Evo Morales por poco más de 10 puntos y la denuncia de fraude, en Bolivia hubo un golpe de Estado: un agente estatal puso final a un Gobierno elegido por el 61% de los votos en 2014 cuyo mandato finalizaba el 22 de enero de 2020. Es lógico que el movimiento “pitita” considere que sus 21 días de paro fueron los que derrocaron a Evo Morales y que deseen que su movilización sea interpretada como una “insurrección popular”, una “revolución” o una “lucha contra el tirano”.

Sin embargo, correlación no es causación. Lo que puso fin al gobierno de Evo Morales fueron los motines policiales, que comenzaron 48 horas antes de su salida del poder, y la “sugerencia” de renuncia del Alto Mando de las Fuerzas Armadas. Como si fuera un dominó, tras el primer alzamiento policial en Cochabamba se fue rompiendo la cadena de mandos en varias ciudades del país y la clave fue el amotinamiento en La Paz: el Palacio Quemado, el edificio donde se encuentra el Poder Ejecutivo, quedó desprovisto de seguridad. La historia boliviana nos enseña que por política se muere y se mata: Evo no quiso repetir la historia de Gualberto Villarroel, quien en 1946 pasó a la historia como el “Presidente colgado”.

Sin las armas de los policías y militares, los 21 días de paro habrían sido en vano.

El rol de los militares y “los pacos” es muy claro para el gobierno de facto. Una semana antes de la elección, Jeanine Añez celebraba: “las Fuerzas Armadas junto al pueblo boliviano le dijeron no a la dictadura”. Cinco días antes del golpe, Fernando López Julio, quien más tarde asumió como ministro de Defensa, explicaba en un avión el apoyo de las fuerzas de seguridad: “No sé si será la mayoría, pero la Policía está apoyando a Luisfer [Camacho] y toda la logia”. En política, los favores siempre se pagan: Añez multiplicó por 18 el gasto en armas no militares para la policía, de 850.000 a 15,25 millones de dólares.

Por último, un sector de la élite intelectual opositora al MAS está bastante comprometida en difundir hacia el exterior el relato de una sublevación popular. Para la periodista María Galindo, existe una disputa por la narrativa sobre cómo ocurrió el derrocamiento de Evo Morales que también incluye al periodismo y los medios. Las noticias parcializadas se complementaron con trolls y bots en redes sociales que difundían fake news y mensajes de odio contra los “afines al MAS”. Nada de esto fue suficiente para torcer el voto.

Los reglamentos del coup d’etat: la sucesión inconstitucional

Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y el ex vicepresidente “Tuto” Quiroga fueron inteligentes en su estrategia. Los principales dirigentes de la oposición boliviana sabían que un golpe policial y militar a un presidente indígena enfrentado con Estados Unidos sería pésimamente interpretado por la comunidad internacional. Por eso se dedicaron a construir una narrativa que legitimara la versión del “fraude monumental” que habilitaba una “insurrección popular”.

Para ello, necesitaban argumentos jurídicos que legitimaran una simulación de sucesión presidencial y una inconstitucional “sugerencia” de renuncia de las Fuerzas Armadas. La construcción de una narrativa que le diera esa legitimidad al golpe vino a través de dos normativas: el “Reglamento Interno de la Cámara de Senadores” y la “Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”.

Comencemos por la (no) sucesión presidencial. El artículo 169 inciso 1 de la Constitución Política del Estado es bastante claro: “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Tras las renuncias de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, la sucesión se complicó por las renuncias de la Presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y del Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambos del MAS. Según los legisladores, sus renuncias se debieron a amenazas a su familia. Por un lado, Eva Copa, quien sucedió a Salvatierra como Presidenta de la Cámara de Senadores, reveló que su antecesora renunció para “proteger” a su padre ante la amenaza de reapertura de una causa judicial, algo que sectores del MAS aún no le perdonan a la joven política cruceña. Por su parte, Borda denunció que su hermano había sido tomado de rehén.

Lo lógico hubiera sido que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reuniera para elegir al próximo presidente y las nuevas autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados. Exactamente lo mismo que ocurrió en junio de 2005. En ese año Carlos Mesa, que en 2003 había asumido como primer mandatario luego de que Gonzalo Sánchez de Lozada se fugara a Estados Unidos, renunció a la Presidencia y el Congreso designó por voto unánime a Eduardo Rodríguez Veltzé, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El periodista Julio Peñaloza Bretel también recuerda que, cuando el entonces Presidente del Senado José Alberto Gonzales renunció a su cargo en 2018, no asumió su Vicepresidenta, Lineth Guzmán, sino que la Cámara se reunió y eligió al chuquisaqueño Milton Barón.

A diferencia de 2005, en 2019 el Movimiento Al Socialismo contaba con los dos tercios de ambas cámaras. Pero Mesa, Camacho y “Tuto” no estaban dispuestos a aceptar un nuevo presidente del MAS. La oposición fue creativa para intentar disimular el golpe: transformó al Reglamento General de la Cámara de Senadores en una línea de sucesión constitucional. Para ello, impuso una lectura muy forzada del artículo 41 sobre las “Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia”, el cargo que ocupaba Añez: “a) Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento”. Mientras los legisladores del MAS no podían ingresar a la Asamblea, Añez se autoproclamaba Presidenta en soledad.

La oposición recuerda que el Tribunal Constitucional Plurinacional avaló la sucesión presidencial a través de un comunicado. Sin embargo, el Magistrado Petronilo Flores advirtió que el comunicado no es vinculante ni tiene valor legal para el Código Procesal Constitucional.

A Jeanine Añez la ubicaron en el Poder Ejecutivo por la fuerza. No hubo sucesión constitucional ni designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por esto, ha sido un “gobierno de facto”.

Que parezca una “sugerencia”

Horas antes del derrocamiento de Evo Morales, la comunidad internacional se posó sobre la conferencia de prensa de Williams Kaliman, el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas: “Sugerimos al Presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Con el registro de las cámaras de televisión, quedó evidenciada la injerencia militar en la política nacional, algo inconstitucional en Latinoamérica producto de la cantidad de golpes militares que hubo en el siglo XX. Las Fuerzas Armadas no deliberan, están subordinadas al Presidente.

El artículo 244 de la Constitución Política del Estado es claro: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”. Como si fuera poco, el artículo 245 agrega: “La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares”.

Para soslayar esta afrenta a la Carta Magna también se pensó un artilugio jurídico. Aún resta saber si las Fuerzas Armadas recibieron algún tipo de asesoramiento externo. La estrategia consistió en enfatizar que se realizaba una “sugerencia”, acción sustentada por el inciso B del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas sobre las atribuciones y responsabilidades fundamentales del Alto Mando Militar: “Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”. Los llamados golpes blandos necesitan de la comunicación para persuadir a la ciudadanía. Una vez más: los formadores de opinión lograron que un inciso menor de una Ley Orgánica se termine imponiendo a los artículos 244 y 245 de la Constitución.

Uno puede esperar que las Fuerzas Armadas sugieran al Presidente una estrategia militar ante un conflicto externo. O una inversión en equipamiento o armamento. Pero nunca una renuncia. En este nuevo escenario, la Asamblea Plurinacional tendrá entre sus pendientes una Ley de Acefalía y establecer los límites a las “sugerencias” que pueden realizar las Fuerzas Armadas. Es necesario que Williams Kaliman explique por qué le sugirió renunciar a Evo Morales: si fue una decisión personal, una deliberación del Alto Mando o si lo obligaron. Debemos saber qué rol jugaron el padre de Camacho y Fernando López en las negociaciones con las Fuerzas Armadas.

A diferencia de lo sucedido con Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, la bancada de Evo Morales se mantuvo unida a pesar de las diferencias internas y la acefalía tras el exilio de su líder. La victoria de Lucho y David comenzó a gestarse en la unidad. El antimasismo apostó a que el Gobierno de Jeanine Añez, presentada como una presidenta mujer y beniana, fuera erosionando lentamente el poder de Evo Morales hasta que una nueva elección derrotara definitivamente al MAS. Sin embargo, la inesperada candidatura de Añez, la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica después de 14 años de estabilidad, el retorno del racismo de Estado, la unidad del movimiento indígena-originario-campesino y la división de la derecha tiraron por la borda la última etapa de lo que hasta el momento había sido una exitosa simulación de constitucionalidad por parte de un gobierno de facto.

Una nueva oportunidad

— Parte de mi vida queda en Argentina. Voy a extrañar la carne, hermano Alberto.

Evo Morales y Alberto Fernández terminan sus discursos y caminan los 100 pasos que separan La Quiaca de Villazón. Se ponen los barbijos y reciben los cascos de minero. El presidente argentino trastabilla en el saludo boliviano: apretón de manos, abrazo y apretón de manos.

Las victorias no son eternas. Y las derrotas tampoco. Las resistencias construyen triunfos. Y las hegemonías se consolidan y se descomponen. Bolivia sigue brindando lecciones sobre el poder. Sobre cómo deben actuar los gobiernos populares. Y sobre cómo no deben hacerlo. Evo es una piedra angular del “Proceso de Cambio”, pero el “Proceso de Cambio” es más que Evo. Los movimientos colectivos no pueden depender de una única persona. El 55,10 por ciento muestra que muchas bolivianas y bolivianos apoyan el modelo de redistribución de la riqueza, pero están en contra de la reelección indefinida. Acompañan el horizonte de equidad y justicia social, pero rechazan una candidatura inconstitucional y no respetar el referéndum de 2016. No siempre ampliar la base de alianzas significa más hegemonía. No todo vale a la hora de hacer crecer el PBI.

El “Proceso de Cambio” comenzó a presentar inconsistencias después de la victoria electoral de 2009. En plena hegemonía, a medida que el MAS entablaba acuerdos con la derecha, el agronegocio y la élite económica del Oriente, su propia coalición se iba desarticulando. Sería una buena noticia que el gobierno de Lucho y David volviera a dialogar con las y los compañeros que se apartaron del “Proceso de Cambio”. Son muy necesarios. Y tal vez también sea una oportunidad para que la izquierda no masista realice una reflexión profunda: terminaron en el mismo espacio que la Resistencia Juvenil Cochala y haciendo silencio frente a las masacres de Senkata y Sacaba.

También sería bueno que la derecha aprendiera de sus cinco derrotas presidenciales: no se puede construir un proyecto de Gobierno en base al odio, el racismo y el revanchismo. Hace 15 años que el pueblo boliviano no apoya un proyecto político para pocos. Lo único que ofrecieron al electorado fue antievismo y antimasismo. Cuando más fuerte se creía, la derecha boliviana estaba construyendo la victoria electoral de su adversario.

***

Evo cruza hacia Bolivia y una multitud se le abalanza. El líder aymara está feliz. Acapara la atención del mismo modo que en 2005, cuando se convirtió en el primer presidente indígena de Abya Yala. Desde el escenario dialoga con los cientos que fueron a darle apoyo. Su carisma está intacto.

— Algunos grupos no aceptan que los movimientos sociales, el movimiento indígena, también podemos gobernar. Sobre todo yo veo que el golpe de Estado es a nuestro modelo económico, que no viene del imperio norteamericano ni del Fondo Monetario Internacional: nuestro modelo económico viene del pueblo.

Octubre y noviembre de 2019 dejaron otra enseñanza: que los gobiernos populares no deben reprimir las protestas sociales. La movilización social es una herramienta de la democracia y se debe escuchar. Fue un acierto que Evo Morales no reprimiera las protestas en su contra como sí lo hicieron Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile. El triunfo del referéndum constitucional chileno y la victoria de Arce Catacora son una evidencia.

En la postrimería del golpe, a diferencia de 2008, las bases no se movilizaron. Los “pititas” lo cuentan como una señal de que no hubo un golpe como si todos los golpes fueran como el bombardeo de Pinochet a La Moneda. Dicho esto, las continuas irrupciones en las organizaciones, la descomposición del Pacto de Unidad y la ubicación de líderes afines a Evo Morales en las organizaciones indígenas y campesinas terminaron desmovilizando a las bases. Lentamente el “Proceso de Cambio” giró de un iceberg donde Evo era la punta visible, a una pirámide invertida donde el “evismo” soportaba a todo el movimiento. No pues, pariente. Si las extremas derechas se incomodan con la democracia, los movimientos nacionales y populares la radicalizan.

En 1781, el cacique Tupak Katari lideró el sitio a la ciudad de La Paz. Al momento de su muerte, Tupac Katari gritó: “A mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones”. Ese grito, que en Argentina se atribuye a Evita, es un símbolo de resistencia del Altiplano. Un símbolo de tenacidad y paciencia, de persistencia de lo justo por sobre lo injusto. Un símbolo de sabiduría y rebeldía del pueblo boliviano.

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