Megaevasión: el caso de la empleada doméstica que figura como directora de empresa

En el marco de la compleja causa en la que se investiga una megaevasión evasión fiscal de 430 millones de pesos a través de facturas truchas, el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, excarceló a una mujer que figura como directora de una de las empresas sospechadas.

La imputada es empleada doméstica, tiene baja instrucción educativa y cobra la asignación universal por sus hijos. El apoderado de la firma está en una situación económica opuesta: vive en el country El Bosque, en Córdoba.

El caso se destapó públicamente la semana pasada tras casi 100 allanamientos realizados en Córdoba y otras seis provincias y un año de investigación judicial.

Las maniobras delictivas habrían sido montadas por un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas electrónicas apócrifas, según informaron la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Gendarmería Nacional.

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Cómo era la maniobra

Se sospecha que algunos acusados de integrar la organización delictiva fabricaban las facturas mientras que otros las emitían conforme al pedido de los “clientes” que solicitaban la “clonación” (copia de la factura verdadera por otra que a simple vista parecía válida) de facturas y de tickets. 

Se emitía la documentación y se enviaba de manera digital (vía WhatsApp y/o correo electrónico), mientras que, asimismo, había otros implicados en la venta de las facturas y otros a “prestar” el nombre.

Las estimaciones preliminares arrojan que las “usinas” de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos. A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020.

Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.

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Operativos. (Gendarmería Nacional)

En Córdoba

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El juez Bustos Fierro y su par de San Francisco, Pablo Montesi, ordenaron varios allanamientos en Río Cuarto, Cosquín, Mendiolaza, Villa María, Arias, Córdoba capital, Morteros, Devoto, San Francisco y la localidad de Isla Verde.

Varias personas fueron detenidas y se secuestraron gramos de cocaína, pesos y dólares, computadoras, autos, cheques, dispositivos móviles y de almacenamiento de información.

Directora y empleada doméstica

Una de las personas detenidas es Silvina María Valeria Ricón (32), una empleada doméstica de la localidad de General Cabrera, que no terminó el primario. La mujer figura como una de las directoras de la empresa Corphone SA, conformada en el año 2010.

De acuerdo con la investigación de los fiscales federales N°1, Enrique Senestrari, y su par N°3, Maximiliano Hairabedian, durante el período fiscal de 2019, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los directores Alberto Hernán Laousarrarian (fallecido), Rincón y Sergio Gabriel Sosa, y el apoderado de la sociedad, Cristian Debarre, habrían simulado la real situación fiscal de la empresa ante la Afip.

Para eso, habrían computado un crédito fiscal espurio de al menos 6.1199.558,47 de pesos extraído de las facturas apócrifas a nombre de seis contribuyentes, presuntamente emitidas y provistas para ese propósito entre enero de 2019 y julio de 2019 por 43.481.848,28 pesos por Natalia Soledad Vieyra Ferreyra y su hermano Diego Alberto Vieyra Ferreyra (sindicado como el organizador de la asociación ilícita) y otras personas aún no identificadas, en calidad de representantes de clave fiscal de esos seis contribuyentes o utilizando el Cuit y clave fiscal de ellos.

De esta forma, los directores y el apoderado, con la participación de los hermanos Vieyra Ferreyra, habrían reducido los saldos del impuesto a ingresar en las declaraciones juradas de IVA de Corphone SA por una suma superior a la condición objetiva de punibilidad en la ley penal tributaria posibilitando así la evasión de ese impuesto.

Asimismo, durante el período fiscal de 2017, correspondiente al IVA, los directores, el apoderado y el contador de Corphone, Mario Ernesto Casco, habrían realizado la misma mecánica. 

Habrían computado un crédito fiscal espurio de al menos 1.740.000,15 de pesos extraído de facturas falsas de la empresa Elipsis, presuntamente emitidas y suministradas para ese fin entre junio de 2016 y julio de 2017, por 10.025.715,15 pesos por Diego Vieyra Ferreyra como director y representante de clave fiscal de la sociedad.

De ese modo habrían reducido los saldos del impuesto a ingresar en las declaraciones juradas de IVA de Corphone por un valor más alto a la condición objetiva de punibilidad prevista en la ley logrando una evasión del impuesto.

Detenida y liberada

Rincón fue detenida el 31 de agosto en General Cabrera, y aparece como directora de Corphone SA desde la conformación de la empresa en 2010, según se desprende en el apartado de sociedades comerciales publicadas en el Boletín Oficial.

La empresa decía dedicarse a la explotación de un call center; como mandataria (mediante la gestión de negocios y comisión de mandatos en general); pero también dedicada a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles; la recepción de pagos de créditos y bienes raíces; obtención préstamos de dinero o de otra especie, etcétera.

Pero si bien la empresa está radicada en la ciudad de Córdoba, Rincón tiene residencia en General Cabrera. En su declaración ante el juez Bustos Fierro y el fiscal Senestrari, el pasado lunes, dijo que nunca había visitado la Capital y que era empleada doméstica.  

Tiene tres hijos menores a cargo y cobra la Asignación Universal por Hijos (AUH). A la defensora oficial María Mercedes Crespi le resultó extraño que Rincón tenga domicilio en General Cabrera pero sea directora de la empresa en la ciudad de Córdoba. 

El apoderado de Corphone, Debarre, vive en el country El Bosque, de esta Capital. El contador Casco también reside en esta ciudad, con excepción del otro director, Sosa, que tiene domicilio en la localidad de Bialet Massé.

La defensora pidió la excarcelación y el fiscal no se opuso el pedido porque Rincón prestó colaboración durante la indagatoria, no tiene antecedentes penales y no hay indicios de riesgo procesal. Finalmente, recobró su libertad el lunes tras declarar. 

La mujer seguirá siendo investigada, pero se espera conocer el rol específico que se le adjudica en la causa.

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