Se quedó sin licencia de conducir por ser deudor alimentario

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Un hombre que adeuda la cuota alimentaria de sus hijos se quedó sin licencia de conducir y sin permiso para renovarla, por disposición del juez de Competencia Múltiple de Arroyito, Gonzalo Martínez Dago. 

La medida coercitiva de retirarle la licencia de conducir, tanto particular como profesional, fue tomada por el magistrado que consideró que su incumplimiento de pago es una forma desleal de violencia de género. 

“Frente a la ausencia de aportes por parte del progenitor, las necesidades básicas de los hijos deben ser solventadas por la madre, la que, a su vez, debe procurar lo necesario para su propio cuidado; de modo tal que el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria afecta en forma directa la economía, subsistencia y los derechos de la mujer”, explicó en la resolución, según reproduce el portal del Poder Judicial

El progenitor presta servicios de transporte de mercaderías en un camión propiedad de terceros, y la medida le suspende la licencia que tenía vigente y le prohíbe renovarla hasta que acredite haber cumplido con sus obligaciones y garantice cumplimientos futuros. 

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En la sentencia, Martínez Demo destacó que el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación otorga amplias facultades al juez para imponer medidas dirigidas a constreñir al deudor a que cumpla con la prestación alimentaria a favor de sus hijos. No obstante, remarcó que dichas facultades “deben ser utilizadas de manera razonable y proporcionada con el objetivo de asegurar el efectivo cumplimiento de la prestación alimentaria”.

Derechos humanos básicos

El magistrado puntualizó que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos y está reconocido en numerosos tratados e instrumentos internacionales. También indicó que a los niños, niñas y adolescentes se les reconoce el derecho a un plus de protección, debido a su especial situación de vulnerabilidad.

En la resolución, se tuvo en cuenta que el demandado eludió por todos los medios el cumplimiento de su obligación, con el objetivo de sustraerse o impedir que se efectivice la orden judicial, denotando un total desinterés. Asimismo, el juez argumentó que el demandado “se ha desentendido de sus obligaciones incurriendo en conductas doblemente reprochables, tanto desde el deficitario ejercicio de la responsabilidad parental que le cabe, como, desde una perspectiva de género, ejerciendo un tipo de violencia hacia la mujer de carácter económico, al obligarla que sea ella quien haya tenido que solventar por todos esos años las necesidades materiales de sus hijos, con la consecuente y segura postergación de sus penurias”.

Como consecuencia, el tribunal resolvió tomar acciones positivas destinadas a garantizar el cumplimiento del deber alimentario que pesa sobre el accionado, las que se mantendrán mientras el accionado no cumpla y no garantice a futuro el pago de la cuota alimentaria.

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Entre otras medidas, ordenó comunicar esa decisión a las fuerzas de seguridad y a los organismos de control de tránsito como Policía de la Provincia de Córdoba, la Gendarmería Nacional, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Automotor; prohibió el acceso del progenitor incumplidor a las plantas fabriles y depósitos, donde presta el servicio de transporte de carga; por último emplazó a terceros con los cuales el progenitor tenía una vinculación, que le permitía ejercer su actividad de transportista, para explicasen y que aclarasen su situación laboral, bajo apercibimiento de imponerles sanciones pecuniarias (art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación) en beneficio de los alimentados.

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