Los padres de Solange Musse denunciaron al Estado argentino ante la CIDH

Los papás de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, presentaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, contra la presunta violación de garantías nacionales e internacionales y solicitaron que el Gobierno suspenda las restricciones a la “libertad ambulatoria”.

Tras la denuncia penal presentada en la Justicia federal para que se investiguen supuestos delitos cometidos por el Gobierno de Córdoba, Pablo Gustavo Musse y Teresa Beatriz Oviedo presentaron ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la denuncia contra el Estado nacional (forma parte de la OEA).

Días atrás habían criticado al presidente, Alberto Fernández, y al gobernador, Juan Schiaretti.

Describieron los hechos que atravesó el padre para poder ingresar infructuosamente a Córdoba para ver a Solange antes de su muerte y culparon a las autoridades locales: “A la conducta criminal consistente en el despliegue de una abusiva actividad policial que derivó en una incontrovertible y abandónica situación en que se vio encontrada mi hija al impedírsele mi derecho a asistirla en el plano emocional, se le agrega la brutal afectación del derecho a la dignidad al verificarse un trato innecesariamente degradante y cruel”. 

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Señalaron que se violaron la obligación de respetar los derechos –de la Convención Americana de Derechos Humanos-, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad y protección judicial. 

“No cabe duda que –sobre dicha base fáctica- sin mayor esfuerzo esta Honorable Comisión Americana de Derechos Humanos podrá advertir no tan solo la intensidad sino más bien la brutalidad en el avasallamiento del derecho a la dignidad de la que ha sido víctima no tan solo mi hija y yo, sino todo mi grupo familiar”, señalaron. 

“Puedo dimensionar la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de cuidar la salud de todos los ciudadanos ante el momento sanitario que atravesamos; pero no puedo comprender la violación manifiesta al principio precautorio, el cual nos permite acudir a la justicia del caso particular, basándose en el sentido común, sin descuidar la legislación vigente de un tiempo y momento determinados, pero sin aplicar el rigorismo extremo y la literalidad de la norma”, agregaron. 

Solange. La mujer de 35 años falleció de cáncer. (Gentileza Pablo Musse)

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“Esto es de aplicación supletoria no solo al juez, o al ente encargado de fallar ante el caso particular, sino que es extensible a todos los funcionarios públicos, dentro de los cuales se encuentra la Policía de la provincia de Córdoba y la entidad administrativa del COE, los cuales tomaron decisiones arbitrarias e ilegales, alejadas de toda razón, lógica, prudencia y certeza”, afirmaron.

La denuncia busca obtener de la CIDH “la justicia que mi país me ha denegado y con las miras de frenar los abusos de los que he sido víctima en mi país”, por lo que pidieron que, de forma urgente, atiendan la solicitud de adopción de medida cautelar.

Solicitaron que se le ordene al Estado argentino para que se “suspendan los efectos derivado de la arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garanticen a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.

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Los padres buscan que la medida cautelar tenga efectos extensivos a fin de que el Estado argentino garantice “la efectiva protección jurídica” no solo de ellos y su familia directa sino de “todos los ciudadanos de la República Argentina, lo constituye la petición vinculada a la cuestión de fondo suscitada en este caso”. 

Que recomiende al Gobierno nacional que tome las medidas necesarias para “reparar los daños infringidos, compensación por los daños infringidos, compensación por daños materiales y morales, y satisfacción en la forma de disculpas públicas”. 

El caso

Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.

Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso. 

Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba). 

Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.

El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella. 

Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.

El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”. 

Denuncia y sumario 

A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).

Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”. 

Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás. 

Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».

Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado.

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