Espionaje ilegal: un exagente se negó a responder preguntas en el inició de nueva ronda de indagatorias

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El abogado y exespía Facundo Melo se negó a responder preguntas en el inicio de una nueva ronda de indagatorias de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El exagente de la AFI aprovechó la audiencia para denunciar supuestas irregularidades en el peritaje de su teléfono celular y en el comienzo de la causa inspirado en la confesión del narcotraficante Sergio «Verdura» Rodríguez.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, lo había citado a ampliar su indagatoria a instancias de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona que lo imputaron por participar de al menos ocho maniobras de inteligencia ilegal entre las que se encuentra el supuesto espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Melo, junto a otros exagentes, está acusado de haber participado también en el espionaje contra el diputado Waldo Wolff, los ex diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, los dirigentes sindicales Pablo y Hugo Moyano, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli y el empresario Salvatore Pica y su pareja Florencia Macri, hermana del ex presidente.

A pesar de no haber querido responder sobre ninguno de estos hechos, Melo hizo una breve exposición en la que sostuvo que era «trucha» la declaración del narcotraficante que lo involucró en un supuesto atentado y que en su paso por la AFI solo se dedicó a cumplir órdenes que, creía, no tenían ninguna apariencia de ser contrarias a la ley.

La audiencia, que se concretó por la plataforma virtual Zoom, fue la primera de 24 indagatorias que concluirán en octubre con las declaraciones del secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, y de los ex jefes de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Melo ingresó a la AFI mientras también se desempeñaba como abogado de un barrabrava del Club Atlético Independiente, Damián Lagaronne, que ese encontraba detenido por la causa conocida con el nombre de ese club de fútbol en la que la fiscalía apuntaba a involucrar a Pablo y Hugo Moyano.

A pesar de haber denunciado que fue forzado a direccionar las declaraciones de su defendido en contra de los Moyano, los fiscales de la causa de espionaje detectaron diálogos de Melo con otro de los espías que integraban el grupo de whatsapp «Súper Mario Bross» donde le festejaban sus aportes con frases como «joya amiguito, bárbaro, un espectáculo, ahora te vamos a nominar para el premio espía marzo de 2018».

Durante la audiencia, Melo cuestionó el supuesto adelantamiento de la extracción de información de su teléfono celular: su defensa dijo que estaba prevista para el 3 de septiembre -fecha para la cual contaba con un perito de parte– aunque había pedido postergación, porque debía permanecer aislado por Covid-19.

Por esa razón, la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, por orden judicial, adelantó la apertura de sobres para el lunes pasado.

Allí se produjo el único momento álgido de la audiencia, dado que la fiscalía -que tiene delegada la investigación- le respondió que la indagatoria es un espacio de «descargo» para el imputado y no el espacio para discutir el desarrollo de una medida, además de aclarar para extraer datos de un celular se precisa solo de un técnico y un software.

El otro de los puntos cuestionados por la defensa del imputado fue el origen del expediente: su abogado asegura que existen contradicciones en la declaración del narcotraficante «verdura» Rodríguez ante el primer juez del caso, Federico Villena, quien dijo que Melo lo contactó para pedirle que coloque un explosivo al frente de un edificio ubicado en la avenida Callao donde se presumía que residía el ex funcionario del ministerio de Defensa, José Luis Vila.

A pesar de su negativa a ampliar su indagatoria, Melo ya había aceptado declarar antes en este expediente y también lo había hecho ante la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, oportunidades en las que aportó información sobre cómo fue el espionaje ilegal realizado desde la AFI durante el gobierno de Macri.

En sus declaraciones, como lo hicieron también otros exespías, Melo había apuntado a la responsabilidad de quien fuera el jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, a quienes los ex agentes le endilgaron un vínculo directo con la ex cúpula de la AFI.

La ronda de indagatorias continuará la semana que viene que arrancará el lunes con la citación al exespía Leandro Araque y el martes al exagente Jorge «Turco» Sáez, sindicado como quien reclutó a la mayoría de los integrantes del grupo «Súper Mario Bross».

La nueva ronda implicará las ampliaciones de indagatorias de unos veinte ex agentes de la AFI, la de la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo; las declaraciones de Arribas y Majdalani; y la primera convocatoria al secretario de Macri, prevista para el 6 de octubre.

A todos se los acusa de «haber conformado una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia» desde la cual llevaron a cabo actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y en diversas jurisdicciones, según surge de la imputación que les fue remitida a las partes, a la que Télam tuvo acceso.

«Se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política», sostuvo el juez Augé en el texto en el que detalló cómo fueron las maniobras que tuvieron como víctimas a la vicepresidenta Cristina Fernández y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Tanto los fiscales como el juez ubicaron a Arribas y Majdalani en lo más alto de la estructura del espionaje ilegal, en tanto que el magistrado especificó que «el objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país».

«Las órdenes que (Arribas y Majdalani) impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción», sostuvo el juez.

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