El dolor irreparable, un freno para el poder

Los límites al poder están llegando desde lo más doloroso de la tragedia. “No puede mirarme a la cara porque no tiene qué decirme”, dijo Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correas, sobre el gobernador Juan Schiaretti.

“Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange”, le escribió Pablo Musse al presidente Alberto Fernández.

Una mamá y un papá que están haciendo mucho más que todo el sistema institucional por acotar y poner frenos al ejercicio del poder sin controles.

Son casos totalmente diferentes, que se unen en el costado humano del mayor trauma por el que un ser humano puede pasar y en la decisión de exigir respuestas para que otros no pasen por esas situaciones.

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El poder, tantas veces locuaz, sigue sin poder acercar estas respuestas.

Alberto Fernández dijo que conocía superficialmente lo que había pasado con Solange Musse y su papá, pese a que lleva su firma el último decreto de necesidad y urgencia que incorporó un artículo (el 27), surgido de la enorme repercusión nacional que tuvo el caso para que las personas en estado terminal puedan despedirse de sus seres queridos.

Juan Schiaretti habla de incendios, industria, créditos, contagios, sin mencionar el tema.

Su ministro de Salud, Diego Cardozo, tardó una semana en comunicarse con la familia, a la que un integrante del COE, el secretario Claudio Vignetta, había destratado el mismo día de la muerte de la joven.

Red de complicidades

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El gobernador cordobés tampoco dijo una palabra del asesinato del joven Blas Correas a manos policiales. Se hizo saber que tendría el gesto de recibir a la familia, pero nada ocurrió.

La mamá de Blas no se movió de su lugar: no está buscando una alfombra roja para fotos de circunstancias; quiere saber por qué se llegó a lo que ella misma define como las “tres muertes” de su hijo e intenta dejar, como legado, que no vuelvan a suceder estos hechos.

A casi un mes del asesinato, apareció en público, casi sin convicción, el jefe de Policía, Gustavo Vélez.

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Todo el resto de los funcionarios políticos del Gobierno provincial guardan silencio, incluso después de que el propio Vélez no supo responder por qué estaba en actividad el oficial Lucas Gómez –sindicado como el asesino de Blas–, a pesar de tener una causa elevada a juicio.

Es un tema del Tribunal de Conducta Policial, respondió el jefe de Policía. En ese tribunal, integrado por representantes del Ejecutivo, la Legislatura y la Fiscalía General, el silencio atrona hace un mes.

La causa avanza hacia una red de complicidades y encubrimientos, con el riesgo de que haya cambio de fiscal en cualquier momento.

Por ahora, hay nueve imputados y cinco detenidos, pero la familia de Blas sostiene que hay al menos unos 50 implicados en el intento de que el asesinato quedase impune.

¿Cómo se llega a una situación así? Es una pregunta que no sólo deberían hacerse las familias implicadas.

Por ahora, la temblorosa voz de Soledad Laciar, que vive un duelo inimaginable, interpela más al poder que todos los factores de control que deberían existir en una sociedad.

Huérfanos

Entre otras cosas, Córdoba ha quedado tan desamparadamente huérfana de oposición política que los principales legisladores de las fuerzas no gobernantes, en vez de estar tomando estos reclamos ciudadanos, se dedican a presentar proyectos para premiar a funcionarios.

A la Unicameral local ni la roza el debate nacional del Congreso sobre las sesiones remotas o presenciales.

La Legislatura se cerró el día que el oficialismo logró los dos tercios, y que vayan o no al recinto es una anécdota.

Más anécdota es si la que debería ser la principal bancada de la oposición, Juntos por el Cambio, tiene a su presidente ocupado en exaltar a los funcionarios del Gobierno.

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