Caso Solange: el padre presenta una denuncia penal para investigar el rol de la Provincia

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Tras el dolor e impacto de no haber podido despedirse de su hija, el padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer en Alta Gracia, decidió elevar su reclamo público al siguiente nivel y presentará una denuncia penal en la Justicia federal para que investigue el rol de las autoridades del Gobierno de Córdoba. 

La denuncia será ingresada este jueves por la tarde en la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que días atrás el juez N°1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse (58) -tras elevar un recurso de amparo- a viajar desde Neuquén, donde reside, hasta Alta Gracia para asistir al velatorio.  

“Se procederá a formular denuncia penal por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada etcétera”, dijo a La Voz Carlos Nayi, nuevo abogado del padre. Asimismo, pedirá la intervencion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La actividad arbitraria que representa una clara omisión antijurídica amerita dar paso a una investigación penal. En materia de prevención sanitaria se ha dictado normativa que ha lesionado a partir de una incorrecta interpretación entre otros derechos el de la libertad ambulatoria y el derecho al último adiós”, señaló. 

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“Se ha desconocido el precepto contenido en el protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética que, tiene vigencia operativa a partir del 15 de julio del año en curso, y que claramente sugiere tres alternativas a seguir en casos de excepción como el que se trata”, manifestó.

Pablo Musse y su hija Solange. (El Doce)

“En primer lugar pautas de flexibilización que habilita el derecho a que cada paciente deba ser visto como una persona, respetando el criterio de temporalidad, permitiendo la interacción entre el enfermo y su entorno íntimo a fin de evitar que la tragedia de la muerte próxima la enfrente a la crueldad de no regalarle el último abrazo a sus padres y decirles ‘¡los quiero, hasta siempre!’.”, señaló el letrado.

“No existen derechos absolutos en la República Argentina a excepción del Derecho a la Salud que está comprendido dentro del derecho a la vida (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). Debemos recordar la savia advertencia del búlgaro Tynetan Todovov (‘las causas nobles ni disculpan los actos innobles’)”.

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En denuncia se solicitará “analizar una cadena de responsabilidades, partiendo de la primera y es que se le pide a la Justicia indagar si el COE violó, como creemos, el protocolo”, añadió.

Y señaló que se busca determinar si hubo responsabilidad de las autoridades del COE, el Ministerio de Salud provincial y de «la Policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente», y de todo otro actor que por acción u omisión tenga algún grado de responsabilidad en el hecho». 

Pablo Musse, el padre de Solange. (Luz Cortez/La Voz)

«El COE está por debajo de la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia», indicó. 

El caso

Antes de que Solange falleciera el 21 último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.

Presentó la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso. 

Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba). 

Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.

Pablo Musse, padre de Solange. (Archivo/Ramiro Pereyra)

El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. Sin embargo, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella. 

Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.

El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”. “Sol era una persona maravillosa y luchadora», la describió, con lágrimas en los ojos.

En una carta abierta posteada en su perfil de Facebook, culpó al presidente, Alberto Fernández, y a la Provincia: «Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de vida”.

“Ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. (…) Nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros», afirmó. No obstante, Fernández dijo en el programa A dos voces, por TN, que no leyó la carta. «No la conozco. Conozco muy por encima lo que pasó. Es un padre que perdió una hija, ¿qué le puedo decir? sólo puedo estar a su lado. Lo voy a leer”, contestó.

Denuncia, sumario y demanda

A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).

Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”. 

Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás. 

Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».

Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado.

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