Cambiemos irá a la Justicia y espera que Massa llame al diálogo

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La espuma todavía no bajó y el diálogo en la Cámara de Diputados no sólo sigue roto, sino que, tras el papelón nacional de esta semana, continuaron los cruces entre el oficialismo y la oposición. Hay una alternativa en puerta para retomar la normalidad en el funcionamiento de la cámara, pero por ahora el único camino visible es el de la judicialización.

A Juntos por el Cambio (JPC) no le conviene que la ley de la reforma judicial ni la nueva reforma previsional ni ningún otro proyecto de calibre grueso se debatan por internet.

Y al Frente de Todos (FDT) no le conviene avanzar en la agenda de temas del Gobierno con la coalición opositora –que tiene el 45% de las bancas– cuestionando de ahora en más la validez de todas las sesiones.

En ese contexto, JPC está preparando una denuncia judicial por considerar que la sesión del martes, que terminó en la madrugada del miércoles, es ilegal: señala que el protocolo de sesiones remotas está vencido, que debe ser prorrogado por consenso y que no tiene su consentimiento.

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El FDT, en cambio, afirma que el protocolo sí fue renovado, porque bastó con el acuerdo de ellos mismos, que juntan el 46% de las bancas, con el resto de los bloques opositores, que representan el 9%.

En total, un acuerdo del 55%.

El presidente de la cámara, Sergio Massa, dio por prorrogado el protocolo y avanzó en la realización de una sesión virtual, contra la protesta de JPC, que mandó a sus diputados al Congreso por entender que debía realizarse una sesión de manera presencial, como manda el reglamento, que indica que el cuórum se consigue con los diputados en el recinto, salvo razones de fuerza mayor.

Entre el martes y el miércoles, entonces, se produjo una situación inédita: diputados de JPC, presentes en el recinto, figuraban como ausentes, y el oficialismo y el resto de los opositores, como presentes, porque se conectaron al sistema virtual.

Los dos proyectos de ley del temario (multas por pesca ilegal y régimen de ayudas al sector turístico) fueron aprobados en la madrugada, sin la participación de JPC, que a través del radical Alejandro Cacace dejó sentada su posición: se retirarían del recinto porque la sesión remota era nula.

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Y así lo denunciarán ante la Justicia. “Debería reabrirse el diálogo, pero eso no ocurrió. De manera que estamos trabajando en la presentación judicial. La prueba es que nunca registraron nuestra presencia en el recinto, entonces tuvimos que recurrir a un escribano para que acreditara quiénes estuvimos allí sentados”, dijo a La Voz la radical Brenda Austin.

La radical cordobesa sostuvo que “el mismo presidente de la Nación”, Alberto Fernández, “salió a decir que no se pudo sesionar”, y que el avance del oficialismo provoca “inseguridad jurídica” sobre la sanción de leyes.

Austin, secretaria parlamentaria del bloque UCR, dijo que el sistema de sesiones a distancia “no es confiable”, en particular a la hora de debatir leyes conflictivas, con posibles votaciones ajustadas, porque la simple desconexión de uno, dos o tres diputados puede alterar el resultado.

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Opción

Sin perjuicio del avance de JPC en la denuncia judicial, entre las alternativas barajadas durante las negociaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria figuró una que expuso la macrista Silvia Lospennato en el recinto y que quedó instalada como posible solución.

Esa alternativa consiste en renovar el protocolo con la opción de presencialidad para asuntos de importancia política, pero habilitando la posibilidad de sesionar a distancia para los diputados que formen parte del grupo de riesgo de Covid-19.

En caso de activarse la opción de presencialidad, y de que el número de presentes supere la recomendación médica de la cámara (hasta 45 legisladores), se buscaría otro sitio, con mayor capacidad.

Esta opción solamente se aplicaría para asuntos tales como la ley de la reforma judicial, la previsional y el “impuesto” a la riqueza, cuyo autor es Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista.

Pero, según pudo saber este medio, el Gobierno también está preocupado por el pésimo clima parlamentario, y, en particular, Martín Guzmán. El ministro de Economía debe mandar este mismo mes, hasta el miércoles 15, nada menos que el Presupuesto 2021. Y, junto con ese proyecto, mandaría una reforma tributaria que podría incluir como punto sobresaliente una suba de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias para los ingresos más altos.

La ruptura en Diputados no le conviene a nadie, pero por ahora no hay clima de acuerdo, sino más bien lo contrario: la vicepresidenta del bloque FDT, la massista Cecilia Moreau, dijo que en JPC “todavía no pueden superar la derrota” de las elecciones del año pasado y que “lo que tienen que hacer es terapia”.

Más leña al fuego echó ayer Cristina Kirchner al señalar que en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, gobernadas por JPC, las legislaturas sesionan de manera remota.

SÍNTESIS POLÍTICA

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 3/09/2020 en nuestra edición impresa.

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