La deuda y las 60 medidas

El presidente Alberto Fernández extendió –otra vez– la cuarentena, fundamentalmente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde se concentra gran parte de la actividad económica del país.

Desde el 20 de marzo, el aislamiento, en sus diversas formas, se prolonga por más de cuatro meses. Las restricciones no impidieron que la Argentina –el país con la cuarentena más prolongada del mundo– sea a la vez el sexto en número de casos y el octavo en muertes. Algo no anduvo bien en los planes instrumentados y en la conducta sanitaria de los argentinos.

En forma paralela, el titular de Economía, Martín Guzmán, prorrogará hasta el 28 de agosto las interminables negociaciones por la deuda. También aquí hay un fracaso para cerrar un tema que fue presentado el 22 de abril ante la Bolsa de Nueva York, con un plazo inicial hasta el 8 de mayo, bajo la agresiva propuesta “tómalo o déjalo”.

Sin la solución a los defaults parciales que va asumiendo la Argentina –el primero fue el 22 de mayo, con los bonos globales–, es imposible predecir cuál será el nivel de actividad, qué sucederá con las cuentas fiscales, cuál será el valor del dólar y qué acontecerá con las obligaciones de empresas y del sector público –Córdoba, por caso–, que también esperan renegociar sus deudas.

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Un botón de muestra: el centro de estudios Ecolatina –que hasta meses atrás dirigía Marco Lavagna, hoy titular del Indec– anticipa que sin la solución de la deuda y de la pandemia, cualquier medida que se anuncie carece de solidez y de confianza.

Sin crédito, la Argentina no podrá salir del enorme pozo en que está sumergida la economía. La actividad mejoró en junio respecto de mayo, pero aún sigue estando por debajo de la registrada en marzo.

Sin registro

La caída no tiene precedente: sería de entre 12 y 13 por ciento en el año, la mayor de la historia. La de 2001 fue de 10,9 por ciento, recordó Orlando Ferreres ante casi 300 hombres de negocios en la reunión de Fundación Mediterránea. El impacto se siente con fuerza en la construcción, en el comercio y en la industria.

“No está claro aún a qué velocidad entrará la economía a 2021. El consenso es que no será a una velocidad alta, pero tampoco puede descartarse una salida más sólida”, señaló Ferreres en su informe.

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Las estimaciones privadas calculan que el retroceso impacta en unos tres millones de trabajadores informales y cuentapropistas ligados por lo general a la construcción, la hotelería y el turismo, la gastronomía, los servicios del entretenimiento (incluidos los deportes) y las tareas domésticas.

Para los trabajadores que lograron mantener sus posiciones mediante el teletrabajo, la ley sancionada el jueves por el Congreso parece echar por tierra con la posibilidad de prolongar esa modalidad en la pospandemia. El empleo quedará entonces sujeto a la viabilidad de la empresa, además de los desafíos que plantean la automatización y la robotización de los procesos productivos.

Los legisladores –encerrados en viejos esquemas y compromisos político-sindicales– actuaron como si desconocieran por completo los enormes desafíos que enfrenta hoy el trabajo en el mundo.

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La agencia de noticias Bloomberg detalló las más de 10 empresas multinacionales que abandonaron el país. Un Gobierno contestatario de las políticas promercado y sindicatos inflexibles aparecieron al tope de las causas de las salidas.

Cada vez más

Un informe del Iaraf apunta que en 2012 había 42 trabajadores públicos cada 100 asalariados privados; en la actualidad, hay 55. ¡Un incremento de 31 por ciento! La reforma judicial que alienta el Presidente implica la creación de centenares de cargos en la Justicia, con un costo de miles de millones de pesos.

No hay impuestos ni recursos privados que permitan sostener semejante aparato estatal.

La urgencia es atender la caída de la economía, el aumento de la desocupación y una pobreza intolerable, que afectaría a uno de cada dos argentinos a fin de año, advirtió Ferreres.

Las 60 medidas que promete Alberto Fernández deberían empezar por temas clave: la solución de la deuda externa y la reducción del gasto público, cuyo costo ya no pueden sostener las familias, las empresas ni sus trabajadores.

SÍNTESIS POLÍTICA

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 1/08/2020 en nuestra edición impresa.

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