Avanza el jury contra el fiscal federal Lega

El procurador general de la Nación interino, Edgardo Casal, resolvió, abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para juzgar al ex fiscal Federal de Río Cuarto, Guillermo Rodolfo Lega. Lega fue denunciado por Julio Piumato, el secretario de la Unión Empleados del Poder Judicial, en septiembre del 2016. 

El gremio lo acusó de presunto “abuso de autoridad, violencia y acoso laboral e incluso en algunos casos acoso sexual de los que resultaren víctimas directas diferentes agentes judiciales de diverso nivel jerárquico y funcional”. 

Tras la finalización de la instrucción sumarial, Casal también solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento que disponga la suspensión preventiva de Lega en el ejercicio de sus funciones hasta que se defina su situación. 

El fiscal federal de Río Cuarto había sido trasladado a Rosario y estaba en uso de licencia por enfermedad. La Procuraduría le formula tres imputaciones que, según Casal, configuran, cada una “una violación al deber de observar buena conducta, condición de la estabilidad en el cargo (arts. 13 de la Ley 24946 y 62 de la Ley 27148), como derivación de la idoneidad exigida para ocuparlo (art. 16 de la CN)”. 

Según detalla el dictamen, las faltas configurarían el incumplimiento de distintos deberes. En primer lugar, se menciona que “las inconductas, malos tratos y expresiones indecorosas en el ámbito laboral” en Río Cuarto, constituirían una violación al deber genérico de “observar buena conducta dentro y fuera del ejercicio de sus funciones”, al deber de observar “una conducta irreprochable, caracterizada por la corrección, la dignidad, la prudencia y el decoro” y de “guardar consideración y respeto de todos los magistrados, funcionarios y empleados, justiciables, víctimas, interesados y público en general”. 

En segundo lugar, el procurador cita los “exabruptos del sumariado, gritos y reacciones desproporcionadas, faltas de respeto y expresiones inadecuadas o indecorosas en el ámbito de sus funciones” que, según se afirma “generaron tensiones y mal clima laboral dentro de la dependencia a su cargo y hacia afuera de ella, lo que pudo perjudicar las relaciones de este organismo con otros poderes y dependencias del Estado”. 

Se interpreta que “la gravedad de estos hechos está dada por su reiteración o continuidad durante un término prolongado, porque trascendieron el ámbito de la Fiscalía y afectaron la imagen del Fiscal y, en consecuencia, la de esta institución”. 

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También se lo acusa de ejercer presiones sobre empleados de la Fiscalía para que suscribieran notas en su apoyo, lo que “podrían configurar una violación al deber genérico de observar buena conducta”. 

Se aclara que los testigos en el sumario no hicieron referencias a presiones para direccionar o condicionar sus declaraciones ante la instructora, pero se espera que el Tribunal de Enjuiciamiento establezca el alcance que tuvo la conducta mencionada. 

Causa Roggero 

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En el 2012, el fiscal federal de Río Cuarto, Guillermo Lega promovió el cierre de la causa abierta contra el exdiputado nacional Humbero Roggero por enriquecimiento ilícito

El ex jefe de la bancada peronista durante el menemismo había sido denunciado nada menos que por quien fuera su mano derecha. 

Norberto Aime le reclamaba una comisión de 1,5 millones por operaciones inmobiliarias, al tiempo que daba detalles estancias no declaradas y un enriquecimiento considerable del legislador y ex embajador en Italia. 

Lega en su momento se basó en un peritaje de la oficina anticorrupción, que descartaba inconsistencias entre el patrimonio que Roggero declaró al ingresar y al retirarse del Congreso. 

Consideró que no hubo delito y archivó la causa. La tercera acusación de la contra Lega es precisamente por su actuación en la causa Roggero en la que, según Casal podría verificarse “una violación del deber genérico de observar buena conducta dentro y fuera del ejercicio de sus funciones”. 

“Correspondía que desde este Ministerio Público se agotasen todas las medidas de investigación que hubieran permitido determinar si su evolución patrimonial se encontraba justificada, sus movimientos de capital y las participaciones accionarias suyas y de su cónyuge, durante el tiempos que desempeñó funciones públicas, no sólo por el interés público del caso sino también para que la imagen de esta Institución no se viera afectada por las dudas que pudo generar la cuestionada actuación”, interpretó Casal. 

En cuanto a los aspectos a considerar para la determinación de la sanción, el procurador señaló que “la ausencia de antecedentes disciplinarios por parte de Lega no resulta suficiente para contrarrestar la imputación, de acuerdo con el análisis efectuado de circunstancias y de la gravedad de los hechos, y la entidad de los daños causados”. 

Con todo, dispuso abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objeto de que se determine si los hechos atribuidos a Lega justifican la aplicación de su remoción u otra sanción.

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